WEwl Gobierno impulsará una ley que regulará el cambio de identidad de los ciudadanos que reclaman que se reconozca su derecho a discrepar del sexo de su propio cuerpo ante su imposibilidad psíquica de aceptarlo. La propuesta gubernamental se ajusta a lo máximo que puede asumir un Estado garantista por los transexuales: quien demuestre ante el Registro Civil que renuncia al sexo con que se le inscribió al nacer, podrá cambiar la inscripción pública con el nombre y el sexo que declare, y esta se trasladará al DNI.

Los transexuales españoles son una minoría, de la que nadie se habría ocupado si no hubieran tenido el acierto de ponerse en la estela de las reivindicaciones de gais y lesbianas. El reconocimiento que ahora hace el Gobierno va acompañado de la mínima prevención destinada a evitar abusos: cuando entre en vigor la ley, quienes no hayan pasado por el quirófano podrán legalizar su identidad si acreditan con informes médicos sus problemas psíquicos y que han recibido tratamiento hormonal durante dos años.

Es la mejor opción legal posible, que ya rige en media docena de países y que cubre en España una laguna en el compromiso ético de los derechos civiles.