El pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer respaldar a su presidenta, María Emilia Casas, tras oír sus explicaciones sobre la conversación telefónica que hace más de un año mantuvo con una abogada que el mes pasado fue detenida y acusada de incitar el asesinato de su exmarido. El Tribunal Supremo ya la había exonerado, por considerar que de esa conversación no podía deducirse un asesoramiento ilegítimo. Pero, pese a los esfuerzos de los demás miembros del pleno, el acuerdo de ayer no pudo ser unánime: el conservador Rodríguez-Zapata se desmarcó de la posición de sus nueve compañeros.
Fracasa así una nueva intentona de la derecha judicial para hacerse con el control del tribunal, en cuya agenda política destaca el dictamen sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Con Casas fuera de la presidencia, el equilibrio se rompía a favor de los conservadores. La situación del Constitucional ya era insostenible antes de esta última batalla. Un vocal progresista fue apartado del debate de la norma autonómica; otro, conservador, falleció recientemente y aún no ha sido sustituido, y cuatro más, incluyendo a la presidenta, hace meses que deberían haber sido relevados por el Senado. Pero los intereses partidistas hacen imposible pactar esas renovaciones.
En esta situación resulta difícil aceptar que decisiones tan trascendentes se dejen en manos de un colectivo tan precario. Sea cual sea su fallo, será cuestionado por los perdedores. Y la querella estatutaria continuará. ¿No sería mejor forzar la renovación inmediata y esperar a que un nuevo tribunal decida?
