Hay facetas de la vida en las que la dilación en la prestación de un servicio o en la emisión de un dictamen puede acarrear graves consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en la justicia, o en todo aquello que afecta a la salud.

Una sentencia favorable, que llega a destiempo, puede ser peor que una condena para una persona inocente. Y un ajusticiamiento tardío de un culpable puede afectar de un modo profundamente negativo a sus potenciales víctimas, al conjunto de la sociedad o a la confianza en los poderes públicos. Y si hablamos de la tardanza en la atención de un problema de salud, solo cabe apuntar, para calibrar la magnitud del asunto, que puede llegar a abocar hasta a la muerte.

En este sentido, leía ayer que el tiempo medio de espera para operarse en la sanidad pública extremeña es de 134 días. Y lo creo, porque he visto y comprobado como algunas personas han esperado más de 365 días sin que las llamaran ni para hacerse las pruebas de la anestesia. Y, a esa cifra, súmenle otros tantos días de espera hasta la celebración de la operación en sí. Y eso considerando que todavía fuese aconsejable la intervención quirúrgica. Porque hay casos en que la tardanza, a la hora de atajar el problema, lo convierte en irresoluble. E, incluso, otros, en los que, tristemente, cuando llega la alegre hora en que se recibe la cita para la operación, no hay ya a quién operar, por el fallecimiento prematuro del paciente.

Con la justicia ocurre algo parecido. Hay inocentes, falsamente acusados, que han de sufrir una condena temporal, en la que son señalados por la sociedad como culpables de algo que no han hecho, hasta que, finalmente, son declarados inocentes. Y hay culpables que aprovechan la escasa celeridad de los procesos judiciales para seguir delinquiendo y disfrutando de una libertad, unos bienes o unos derechos que no merecen.

De entre todas las esperas, las que ponen en peligro la salud, la reputación y el honor son, con diferencia, las más inasumibles. Y este sistema, que sustentamos entre todos, con nuestros impuestos, debería ser mucho más raudo, y eficaz, en la resolución de determinados asuntos, si no queremos que pierda toda su razón de ser y parte del crédito que aún se le confiere.