Contra pronóstico, el BBVA se hizo el lunes con la adjudicación de Catalunya Banc, la última de las entidades nacionalizadas. Una vez cerrada esta operación, y cuando solo falta por adjudicar la parte del león de Bankia, es momento para hacer balance de lo que nos está costando a los españoles la resolución de la crisis bancaria, que en buena medida es la de las antiguas cajas de ahorro. Hasta el momento, el Estado ha aportado 61.495 millones de euros de los que ya se han perdido más de 40.000 millones, una cifra que dista de ser definitiva. En el caso de Catalunya Caixa, por distintos conceptos se perderá la totalidad de la aportación, la friolera de 12.052 millones de euros. Son sumas que provocan sonrojo si tenemos en cuenta las cantidades que se han tenido que recortar estos años en servicios fundamentales. La conclusión que debemos sacar es que las cosas se hicieron muy mal durante las épocas de bonanza, pero que el panorama no mejoró cuando ya se apreciaba la magnitud de la tragedia. En lugar de intervenir con celeridad como se hizo en otros países, se exhibió la falsa imagen de que gozábamos del sistema bancario más sólido del mundo (Zapatero , septiembre del 2008), para posteriormente garantizar que las ayudas destinadas a la sanear las entidades no costarían un euro al contribuyente (Guindos , junio del 2012). Y todo es aún más lacerante cuando prácticamente nadie ha asumido responsabilidades penales por tanto desastre.
