Cada vez es más frecuente ver como aparecen en el panorama nacional nuevos casos de escándalos, corrupciones inmobiliarias surgidas a la sombra del boom de la construcción, irregularidades urbanísticas que generan un dinero fácil y rápido, desmesuradas plusvalías originadas por la recalificación de terrenos rústicos en edificables. Urbanizaciones y hasta poblaciones enteras surgen de la nada rompiendo la estética y la armonía del paisaje, creando un extraño mestizaje entre naturaleza y cemento, configurando esta selva de depredación en la que se ha convertido el medio ambiente. A su amparo han medrado tropeles de oportunistas, personajes sin escrúpulos que campan a sus anchas, tras ellos va quedando una estela de humo y de silencio que terminará empequeñeciendo a aquellos precursores surgidos, tiempo atrás, en las costas andaluzas del Mediterráneo, y lo que comenzó siendo un caso aislado de especulación, está empezando a extenderse como una gota de aceite o como un cáncer generalizado sobre la faz de las costas o en el extrarradio de alguna de las grandes áreas metropolitanas, y en esta tierra de nadie y de todos, surge la Babilonia del compadreo y del chanchullo, frente a la voz cansada del ciudadano que clama ante el desierto sin nombre de quienes no saben o no quieren escuchar.
Con la llegada de la campaña electoral, comenzarán a saltar las primeras chispas y el ciudadano verá volar por los aires la cestería, junto a la escasa credibilidad de muchos ayuntamientos, pero esta vez el tema tiene un sentido bidireccional de doble implicación, por lo que en esta ocasión no llegará la sangre al río, como otras veces, sino que todo se quedará en amagos y agua de borrajas, y los medios de comunicación no machacarán desde sus púlpitos de papel, ni desde los parlamentos del aire, y nadie se atreverá a escupir contra el otro por miedo a que el viento se lo devuelva multiplicado por dos.
El auge adquirido por el sector de la construcción en España, la ineficacia de controles internos dentro de los propios consistorios y de los partidos políticos, los convenios entre la Administración local y algunos particulares, la pretendida financiación de los ayuntamientos, a cuyo amparo se produce un enriquecimiento personal sin correlación con los sueldos que se perciben, la financiación de la deuda de los propios partidos, las manifiestas compatibilidades de cargos públicos y privados que se imbrican en una complicada maraña de intereses... todo ello crea un clima propicio para que cada vez, este tipo de prácticas, sean más frecuentes, y se realicen corriendo un menor riesgo.
XLA INEXISTENCIAx de una normativa estricta, la incapacidad a la hora de aplicarla, la disparidad de criterios existente, donde muchas competencias están transferidas a las comunidades autónomas, que legislan separadamente aplicando sus propios criterios, mientras que el Ministerio de la Vivienda, pretende sacar adelante la ley del suelo, a través de un proyecto pendiente de trámite en el parlamento, pero lo más sorprendente de todo es que la mayoría de las decisiones urbanísticas, están depositadas en las manos exclusivas de los propios ayuntamientos y con escaso control superior.
La dirección de los partidos manifiesta una actitud sesgada e inoperante, ocupados más en criticar al contrario que en hacer limpieza interna, y es que está demostrado que la corrupción no entiende de siglas. Basados en la presunción de inocencia, se espera hasta que haya una sentencia en firme por parte de los tribunales, pero en algunas ocasiones es demasiado tarde y el mal está ya hecho y es irreparable; dándose el caso de que algunos de los candidatos que concurren a los próximos comicios municipales, están imputados y siendo investigados como presuntos implicados en casos de corrupción, todo ello hace que vaya quedando en la ciudadanía la sensación de que son pocos sobre los que recae el peso de la justicia y menos aún los que restituyen lo robado. Los partidos con responsabilidad en los ayuntamientos deberían tomar medidas disciplinarias capaces de producir un efecto ejemplarizador, suscribiendo un pacto contra la corrupción, aplicando códigos éticos, al objeto de que ningún cargo público pueda lucrarse buscando el interés personal en detrimento del general que es para el que ha sido elegido, poniendo en tela de juicio a todo aquel que viva por encima de las posibilidades que les permite su sueldo. Para ello es preciso que exista una mayor limpieza y una mayor trasparencia en la gestión, para que el sistema democrático no quede en entredicho.
Y mientras todo esto sucede, el ciudadano contempla atónito como se destruye y se atropella sistemáticamente el entorno, para recibir a cambio un paraíso inalcanzable al que nunca va a poder acceder por el alto precio que finalmente han de soportar las viviendas.
*Profesor
