La filtración, por parte del Ministerio del Interior, de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha detectado un posible y grave uso fraudulento de fondos públicios para la formación ocupacional en Málaga ha indignado a la Junta de Andalucía, que se siente perseguida por el Gobierno del PP. Aunque fuentes policiales han apuntado la cifra de 2.000 millones de euros, a la Fiscalía Anticorrupción solo le constan por ahora presuntas irregularidades en una partida de 5,6 millones. Una diferencia tan abismal que exige que, si realmente el fraude es gigantesco, se aporten pruebas documentales cuanto antes. Quienes han dado curso a la sospecha cuentan con que el precedente del gran escándalo de los falsos ERE andaluces contribuye a dar credibilidad a este nuevo caso, con paralelismo en otras comunidades españolas. Pero alimentar las dudas sobre la honradez de los gestores públicos es peligroso porque, más allá de la posibilidad de causar injustamente un daño a personas concretas, aumenta la desconfianza de los ciudadanos en la política y el desprestigio de las instituciones. Un asunto muy distinto es el de la eficacia en el uso de los fondos públicos --españoles y europeos-- que Andalucía, con un 36% de paro (diez puntos más que la media española), recibe para fomentar las políticas de empleo. Para crear puestos de trabajo lo determinante son las inversiones, pero eso no impide exigir la utilización más productiva posible del dinero público que se destina a combatir la lacra del paro.
