Licenciada en Derecho
Durante estos días hemos asistido a la denuncia de las mujeres maltratadas, a la concienciación colectiva de lo que se ha convertido en la sociedad actual en un hecho criminal, el asesinato de mujeres a manos de sus parejas. En este mensaje de concienciación social se ha insistido y se insiste en el hecho de la denuncia por parte de la agredida. Esto es clave, la clave para hacer justicia. Pero según las propias víctimas, el problema aparece el día después, cuando esos tribunales de justicia no han sido eficaces a la hora de proteger a la mujer; esto es, cuando la rabia del agresor continúa libre y la agredida, bajo esa cierta impunidad temporal, permanece al socaire del verdugo.
A la mujer violada, maltratada, machacada familiarmente le solicitamos, le demandamos como grupo social el paso hacia adelante, pero qué ocurre cuando le fallamos, esto es, cuando esas garantías que le debemos ofrecer no aparecen. Cuando después de interponer una denuncia no tiene lugar a donde ir, y si tiene hijos, ¿dónde van?, ¿con quién quedan?, y mientras se celebra el juicio, ¿en qué situación se encuentra esa mujer?; demasiados cabos sueltos frente a la soledad de la víctima y la presunción, en derecho, del verdugo. Los datos ratifican que, mediando denuncias, se producen muertes. Hecho éste que nos obliga a reflexionar acerca de la asunción de compromisos en torno a lo que algunos denominan terrorismo familiar . Esta sociedad debe dar un paso hacia adelante y posicionarse frente a los que juzgan bajo la apariencia de un mero conflicto familiar. En este caso debemos ser intolerantes, hasta el extremo de intimidar a aquéllos que están dispuestos a denigrar a una mujer bajo el degradante concepto de la mujer objeto.
