La detención de Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se convirtió en la noticia bomba del día, aunque en puridad no puede afirmarse que la operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sea una sorpresa, ya que hace tiempo que la sombra de la sospecha oscurece los pasos de Villar y de su hijo Gorka, abogado experto en derecho deportivo. Y no solo en España. Conviene no olvidar que el dirigente formaba parte de la camarilla del expresidente de la FIFA Joseph Blatter, también caído de su cargo por corrupción.

Ahora, según la Audiencia, alguien que había hecho de la federación un coto particular se ve presuntamente envuelto en una trama corrupta con ramificaciones que incluyen la compra de votos en las territoriales (su apoyo de siempre) para asegurar su permanencia en el cargo, la adjudicación de contratas a firmas vinculadas con su hijo y el desvío de dinero en amistosos de la selección.

Las investigaciones judiciales deben seguir su curso, pero es más que evidente que la carrera de Villar se puede cerrar con un final muy deshonroso. Se produce después de casi tres décadas en el poder, 29 años concretamente, y cuando ha sido reelegido para un octavo mandato. Esta misma semana, en la asamblea de la federación ayer suspendida, estaba previsto que presentara su nueva junta directiva. A nadie se le escapa que ostentar un cargo directivo durante casi 30 años acostumbra ir acompañado a medio o largo plazo de prácticas nada edificantes. Y más en una federación que ha tenido viento a favor para su cuenta de resultados a rebufo de los buenos resultados deportivos que se iniciaron con el éxito de la selección española en la Eurocopa del año 2008.

Resulta casi una entelequia pensar que el mundo del fútbol sea capaz de generar mecanismos de autocontrol y transparencia para evitar corruptelas, por lo que no parecen descabelladas las voces que piden una norma que limite el número de mandatos federativos. Ya sucedió en 1982 con el decreto anti-Pablo Porta del Gobierno del PSOE en 1982 que fue derogado en 1996. Con decreto o sin él, el fútbol español precisa una regeneración que archive una época casi feudal marcada por una opacidad hoy al descubierto y pulsos continuos con otros organismos, como el Consejo Superior de Deportes.