VOTARON ´NO´ PERO SE CASARAN

XSxegún algunas opiniones, el matrimonio entre personas del mismo sexo puede abrir un proceso contra la familia y la sociedad. Los anatemas y malos augurios que los elementos conservadores, especialmente la jerarquía católica, lanzan a los cuatro vientos, igual preocupan a personas de bien que desearían que las cosas se hicieran de forma matizada y meditada. Pero, para ponernos en situación, es necesario recordar que esta misma agresividad, con similares argumentos además, ya la hemos oído salir de distintas gargantas vestidas con los mismo ropajes y símbolos. Ante el divorcio, cuya aprobación en 1981 fue impulsada por el tristemente desaparecido Francisco Fernández Ordóñez , le costó el no poder presidir la procesión del Corpus en Toledo, como era tradición. El cardenal primado, Marcelo González , le prohibió acudir a la ceremonia por ser el autor de una ley anticristiana . Esto ahora parece casi increíble, cuando prácticamente toda la sociedad española asume que no podríamos ser un país democrático sin una legislación sobre divorcio, para que la usen los matrimonios que lo deseen o necesiten. Sin embargo, en aquel momento fue una situación de gran tensión. Los argumentos que la Conferencia Episcopal Española lanzaba entonces contra aquella ley decían cosas como que el divorcio no es, en principio, un derecho de la persona, o que todo matrimonio es, por derecho natural, intrínsecamente indisoluble, es decir, no puede ser disuelto por el mutuo y privado acuerdo de los cónyuges. El matrimonio así contraído, decían entonces los obispos, rebasa los intereses privados de los cónyuges y aunque ellos fueron libres para contraerlo, no lo son para romper el vínculo que nació del mutuo consentimiento. Consideraban que era absolutamente inaceptable el llamado divorcio consensual, y que una ley que introdujese el divorcio de tal manera que la pervivencia del vínculo quedase a disposición de los cónyuges, sería rechazable moralmente y no podría ser aceptada por ningún católico, ni gobernante ni gobernado. ¿Les suenan recientes estos argumentos? Efectivamente. Sobre el matrimonio entre personas homosexuales, los obispos ya han dicho que no es un derecho que pueda ser creado, que la ley natural y la razón se oponen a ello, que pone en peligro la familia y la sociedad, y desde luego que los gobernantes católicos no pueden apoyarlo. La jerarquía católica española sigue creyendo que tienen la exclusividad sobre cuándo se puede hablar y cuándo no del matrimonio. Siguen diciéndonos que si ocurre esto o aquello se destruirá la familia e incluso la sociedad. Siguen empeñados en que son ellos los que pueden definir los derechos de los ciudadanos y que el Estado, es decir, el Parlamento español o el Gobierno no son nadie para decidir sobre estos temas (si ellos no lo autorizan). Es bueno recordar que el señor Camino , secretario general de la Conferencia Episcopal, ha llegado a decir que los derechos de los ciudadanos no los puede decidir el Parlamento ya que hay una fuente superior que es Dios. Una afirmación simétrica a la que justifica la aplicación de la Shariúa (la tradición rigorista islámica) en las legislaciones de las repúblicas integristas islámicas. Siguen convencidos que son los intérpretes de un difuso derecho natural que, evidentemente, sólo les da la razón a ellos. Siguen creyendo que pueden ejercer una tutela sobre los diputados o gobernantes católicos que no deberían hacer caso al mandato de sus electores sino a las instrucciones de la Iglesia. Pero lo peor de todo es que piensan que pueden seguir tratando a los ciudadanos como incapaces, que no pueden tomar sus propias y maduras decisiones si la jerarquía católica no las bendice.