Presunta pertenencia a organización criminal, revelación de secretos y cohecho (aceptar o solicitar dádivas a cambio de realizar u omitir un hecho inherente al cargo). Son los delitos de los que se acusa al policía local que, como publicó ayer este periódico, presuntamente filtró a un clan familiar de droga asentado en Gabriel y Galán que la Guardia Civil iba a realizar una operación con registros el pasado 16 de octubre.
El teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Laureano Martín, junto al general José Antonio Hurtado y la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, informaron ayer de la operación y explicaron que, tras la redada y "en estrecha colaboración con el ayuntamiento", la Guardia Civil registró el domicilio del policía local y le detuvo.
Actualmente, se encuentra apartado del servicio y se le ha abierto un expediente sancionador administrativo, independiente del resultado que tenga para el agente el juicio, cuando se celebre.
El ayuntamiento explicó ayer que recibió un informe del secretario del juzgado en el que informaba que el agente local estaba imputado "al haber comunicado la existencia de actuaciones policiales y judiciales a integrantes de una presunta banda organizada". Así, decidió suspenderle de sus funciones "hasta la conclusión del procedimiento penal". Lo hizo a través de un decreto de alcaldía que incluía que el intendente debía recoger "los distintivos del cargo y su arma reglamentaria".
Al margen de la situación de este policía local, la Guardia Civil detuvo el 16 de octubre a 20 personas e imputó a otras dos, por los presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, de las que 6 ingresaron en prisión. Sin embargo, hoy día solo hay dos en la cárcel porque los otros cuatro quedaron en libertad con cargos tras pagar una fianza de 80.000 euros cada uno. De los que fueron liberados, uno de ellos "se dio a la fuga" y se encuentra en busca y captura, según explicó el teniente coronel de la Comandancia de Cáceres. La mayoría de los detenidos ya lo habían sido en otras ocasiones por delitos relacionados con el tráfico de drogas, e incluso alguno ha cumplido penas de prisión.
Además, la operación permitió aprehender más de 25.000 dosis de cocaína con una pureza cercana al 90% y cerca de dos kilogramos de marihuana. También más de 20 armas, entre las que destacaba un fusil de asalto, junto a pistolas detonadoras, armas blancas, escopetas --algunas con un valor en el mercado superior a los 8.000 euros-- y 5.000 cartuchos.
La Guardia Civil también se incautó de ocho vehículos y otros efectos adquiridos con el beneficio del tráfico de drogas, además de útiles para el corte y el pesaje y todos los útiles necesarios para la instalación de una plantación interior de marihuana.
VIGILANCIA DESDE ENERO Todo gracias a un dispositivo dirigido por el titular del juzgado de Instrucción número 3 y que se inició al detectar la Guardia Civil en enero un incremento del tráfico de drogas en Malpartida de Plasencia. La investigación concluyó la existencia de una "organización criminal asentada en el barrio de Gabriel y Galán", dedicada al tráfico de drogas, principalmente cocaína, en las provincias de Cáceres y Badajoz y las ciudades de Plasencia, Mérida, Talavera de la Reina y Salamanca.
A medida que la investigación avanzó, la Guardia Civil comprobó que la organización estaba formada por al menos 40 miembros de un grupo familiar "conocido como el clan de los Hilarios ". Además, según el cuerpo, a la organización estaban vinculadas otras 122 personas, con cometidos de información, distribución y labores de apoyo, además de testaferros para blanquear los beneficios del tráfico de drogas.
Respecto a este, la Guardia Civil explicó ayer que la organización contactaba con su proveedor para comprar cocaína, procedente de países sudamericanos y con una elevada pureza y era trasladada en vehículos de doble fondo. Después, se procedía al corte de la droga para obtener mayor cantidad, bajar su precio y acaparar el mercado y finalmente, se distribuía en los escalones inferiores de la organización para su venta a clientes importantes, que adquirían entre 500 y mil gramos y a su vez traficaban con la droga en las provincias de Cáceres, Badajoz, Toledo y Salamanca.
En cuanto al blanqueo de capitales, una parte de los beneficios de la actividad se repartían entre los integrantes y otra se dejaba como fondo de reserva para afrontar imprevistos como falta de abastecimiento de drogas o "pago de abogados en caso de una actuación policial".
Los beneficios se empleaban normalmente en la compra de inmuebles, a través de testaferros, algunos de los cuales tienen un precio que ronda los 500.000 euros. "Durante los registros llamó la atención que, pese a que muchos de los detenidos vivían en casas sociales, pagando alquileres de 36 euros al mes, el interior de algunas viviendas estaban decoradas lujosamente, con muebles, trofeos de caza y otros enseres de gran valor en el mercado", señaló la delegada del Gobierno.
Se realizaron 24 registros domiciliarios el 16 de octubre, 12 en Gabriel y Galán, 2 en San Lázaro, 7 en Malpartida, 2 en Cáceres y 1 en Talavera de la Reina, con un operativo de 260 personas, entre agentes de la Guardia Civil --75 de ellos de unidades de élite procedentes de Madrid-- y secretarios judiciales.
La Guardia Civil da por cerrada y concluida la operación y considera que ha asestado un "importante golpe al narcotráfico" y a un clan que "puede considerarse como uno de los más importantes de Extremadura, ya que era proveedor de otras grupos que se dedican también al tráfico de drogas", subrayó Herrera, que felicitó a la Guardia Civil por su trabajo.
