Hasta ahora, ha habido sentencias condenatorias, incluso de cárcel, para los propietarios, pero nunca se ha derribado una vivienda ilegal de las situadas en la sierra de Santa Bárbara. El ayuntamiento estableció, con el nuevo PGM y en virtud de la Ley del Suelo, herramientas para la legalización de estas viviendas ubicadas en suelo rústico, pero el ayuntamiento instruye actualmente ocho expedientes de viviendas ilegales y el alcalde firmó en enero varios decretos ordenando la demolición, porque así lo marca «la legislación en materia de disciplina urbanística».

Así lo manifestó ayer Fernando Pizarro: «nuestra obligación es aplicar la ley y, si la ley me obliga a derribar una vivienda, se derribará». Eso sí, «antes se utilizarán todos los recursos legales» para intentar una solución alternativa para unos propietarios que, en algunos casos, han convertido la vivienda ilegal en su primera residencia.

No es la primera vez que el ayuntamiento ordena un derribo y la vivienda se derriba. Hace unos meses se hizo en el barrio de San Lázaro y «en esta ciudad nunca se había derribado nada». En este sentido, Pizarro recordó ayer que varios de estos expedientes proceden de la legislatura anterior a la suya, pero «han dormido el sueño de los justos». Algunos, incluso, dijo que han prescrito.

¿Cuál va a ser la actitud del ayuntamiento ahora? «El ayuntamiento tiene que actuar legalmente cuando las circunstancias hacen ilegal una construcción. Muchas veces, las denuncias son de personas privadas y otras de técnicos de Urbanismo, de la policía local y de la Guardia Civil a través del Seprona. Tenemos que cumplir la ley. Si hay solución, se pondrá, y, si no, se llegará al derribo», dijo Pizarro.

CRITERIOS JURÍDICOS / Precisamente, desveló que hoy mantendrá una reunión con los propietarios que han recibido las últimas órdenes de derribo para estudiar «los criterios de los jurídicos de Urbanismo» y conocer, por tanto, si es posible no tener que llegar a la demolición.

Todos los expedientes son de viviendas ubicadas en la finca Viña del Carmen, en Santa Bárbara, fruto de una denuncia privada, y, como ejemplo, en uno de los decretos de alcaldía se señala que el propietario recibió la notificación de la declaración de la ilegalidad de la vivienda y la orden de demolición en octubre y, ni presentó recurso ante el ayuntamiento ni ante el juzgado. En enero, se le ha dado otro plazo de quince días para alegaciones.