Los policías locales participaron en la detención de un supuesto agresor sexual que va a ser juzgado hoy en la Audiencia Provincial y por eso están citados a declarar, pero el ayuntamiento no les ha puesto fácil su desplazamiento a Cáceres porque se ha negado a abonarles por adelantado la dieta y el kilometraje con el argumento de que son ya 210.000 los euros que deben funcionarios y concejales por este concepto.
Lo que incumple el convenio colectivo del ayuntamiento y supone, a juicio de la oposición, "hacer pagar a justos por pecadores cuando estos tres policías han sido citados a declarar por un servicio que realizaron en el ejercicio de sus funciones". Así lo desveló el concejal de CCPL, Félix Macías, mientras la edil no adscrita y ex delegada de Seguridad Ciudadana, Josefa Pérez Camisón, advirtió de que "flaco favor hace el PSOE al ánimo de unos policías que debían haber sido felicitados por su actuación".
No es la primera vez. De hecho es la segunda citación al juicio que reciben porque a la anterior desistieron de ir visto que la alcaldesa había anulado el decreto por el que les había concedido la dieta y el kilometraje. Una ausencia que Elia Blanco consideró en el pleno responsabilidad exclusiva de los policías.
El Periódico trató ayer, sin éxito, recabar la versión de la concejala de Personal, Carmen Blázquez, de quien ha sido la decisión de suspender el pago por adelantado de las dietas. Lo que los tres agentes han reclamado por escrito con la advertencia de CCOO de recurrir al contencioso administrativo por incumplimiento del convenio si llega el caso.
