Los tribunales han vuelto a dar la razón a los propietarios de las huertas de La Isla y el ayuntamiento se va a ver obligado a iniciar el expediente de expropiación en cuanto reciba la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que ya en junio del 2001 ordenaba al ayuntamiento ejecutar la expropiación forzosa solicitada por los propietarios.
A esta situación se llega ahora que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del ayuntamiento por falta de requisitos procesales y ha devuelto el asunto al TSJEx. Aunque el equipo de gobierno decida presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional no podrá evitar la obligación de ejecutar la sentencia en el plazo de dos meses de forma voluntaria.
PAGAR, PERMUTAR O EDIFICAR
A partir de entonces, los propietarios pueden volver a pedir la expropiación forzosa incluso con cantidades concretas, que ya hace tres años los tasaron en 7,2 millones de euros. El marcador empezará a contar para el ayuntamiento en el momento en que reciba la sentencia firme, lo que podría producirse en cuestión de meses según calculan los jurídicos.
El alcalde no descartó ayer el recurso de amparo, pero consciente de que no suspenderá la ejecución de la sentencia se decantó por la fórmula de permuta, convencido de que el ayuntamiento dispone de suelo suficiente. La de pagar en dinero contante y sonante pondría en serios apuros a las arcas municipales dado que esa primera tasación de los terrenos supone ya un tercio del presupuesto. Lo que ayer dio por seguro es que "no se debe edificar ahí, sino dejar las huertas como zonas de recreo sin tocar el PGOU". Lo primero será ahora, en todo caso, discutir el precio con la propiedad y en caso de discrepancias, acudir al jurado provincial de expropiaciones.
