Que el piso de acogida a mujeres maltratadas tiene los días contados lo saben bien las tres socias de gobierno. Solo que la alcaldesa, Elia María Blanco, juega al despiste; Raquel Puertas, la concejala de Igualdad, no se atreve a decir ni pío y a santo de qué, si no, iba a pedir garantías Victoria Domínguez, la representante de UPEx, más allá de la palabra de la alcaldesa.
Al despiste porque llevar a la junta local de gobierno una modificación sustancial del convenio que debía prorrogar su mantenimiento por parte de la consejería de Igualdad como un mero error material solo puede tener una intención. Colárselo para que ni una ni otra hagan ruido, que es lo que evitó temporalmente el cierre del piso visto que la nueva política regional es la de sustituir estos centros de acogida por unas oficinas con horario de mañana de atención psicológica. Que es precisamente lo que recoge el convenio modificado por la junta de gobierno a petición de la consejería bajo el epígrafe de rectificación de error material. Lo que parece dejar a expensas de la buena voluntad del político de turno la permanencia del piso y libera a la Junta de toda atadura para el día que quiera hacerlo desaparecer, antes o después.
De modo que fue un paripé aprobar la prórroga del convenio a instancias de Raquel Puertas y Victoria Domínguez y aunque no lo digan públicamente, ha supuesto una quiebra en la confianza interna del gobierno municipal. Pero que no cunda el pánico, a juzgar por el silencio de la concejala de Igualdad y la diplomacia de Domínguez en este asunto. Si bien en el pleno del viernes, hizo recular al PSOE en su intención de dar voz y voto a un técnico más de la Junta en la comisión de Patrimonio. Su anunciada abstención llevó a la alcaldesa a dejarlo sobre la mesa visto que con la ausencia de una de sus concejalas habría sido la primera votación que hubiera perdido el PSOE en la legislatura. Por lo que se ve, la pérdida de confianza también va en sentido inverso. Es lo que tienen los gobiernos de coalición.
