Los desahucios de viviendas sociales ocupadas ilegalmente en Gabriel y Galán están ahora a la espera de que la Subdelegación del Gobierno en Extremadura decida si reclama la intervención de los antidisturbios de Sevilla o basta con agentes propios para garantizar la seguridad ante posibles altercados. Lo confirmó ayer la propia subdelegada, Carmen Pereira, una vez que la consejería de Fomento de la Junta --propietaria de los pisos-- indicara que los desalojos dependen ya exclusivamente de la vigilancia policial solicitada a la Subdelegación del Gobierno.

"Estamos estudiando --indicó Pereira, que ayer visitó Plasencia para ver in situ las mejoras pendientes en Martín Palomino-- si es necesario pedir la presencia de los antidisturbios o es suficiente con efectivos propios, no solo de Plasencia, sino también de la comisaría de Cáceres".

DEFICIT POLICIAL Mientras los vecinos de Gabriel y Galán pidieron ayer a la subdelegada que ni se lo piense y haga venir a los antidisturbios para mayor seguridad así como la Federación de Asociaciones de Vecinos, cuyo presidente, Jaime Collado, tampoco tiene dudas. "Máxime dado el déficit policial que sufrimos --dijo-- lo que queremos es que vengan grupos de apoyo para tranquilidad de los vecinos, pero no solo durante los desahucios, sino también antes y después".

Lo cierto es que antes de que el ayuntamiento paralizara el mes pasado los desalojos con el argumento de que afectaba en algunos casos a familias con menores a su cargo, ya estaba comprometida la intervención de los antidisturbios. Superado ahora el parón impuesto por el ayuntamiento, el nuevo retraso viene dado por las dudas sobre si es necesaria la presencia de los antidisturbios que, en los últimos desahucios ejecutados a finales del año 2005, no faltaron. Si bien entonces fueron más de medio centenar las viviendas sociales recuperadas y ahora no son más de once.