Ha quedado demostrado que entre las competencias de los exconcejales de Urbanismo no se encontraban ni la de incoar ni la de resolver a través de órdenes de derribo expedientes urbanísticos». Así de tajante se manifestó ayer Estanislao Martín, abogado de la exedil de Urbanismo Mónica García, que ayer acudió a declarar al juzgado de Instrucción número 1 por la investigación de viviendas de la sierra de Santa Bárbara que no se derribaron pese a tener órden de derribo.
La investigación se centra, por petición de la Fiscal Provincial de Medio Ambiente, entre enero del 2006 y febrero del 2011. García fue edil de Urbanismo entre el 1 de enero del 2006 y el 15 de junio del 2007 y Francisco Barbancho, que también declaró ayer, ambos como investigados, lo fue entre el 28 de enero del 2011 y el 10 de junio del 2011, es decir, un mes del periodo investigado.
Estaba citado a las once de la mañana y acudió junto a su abogado. No quiso hacer comentarios públicamente y entró a declarar con una hora de retraso.
En la sala de vistas estaban la jueza y abogados, pero no la fiscal de Medio Ambiente, que no acudió, ni asistió a las declaraciones por videoconferencia.
Su declaración duró media hora y optó por salir por la puerta del juzgado de guardia para evitar a los medios.
La declaración de Mónica García duró 50 minutos y, aunque prefirió no comentarla públicamente, sí lo hizo su abogado. Estanislado Martín subrayó que tanto las declaraciones de los exediles como un certificado del secretario prueban que no eran competentes para abrir ni cerrar expedientes urbanísticos. De hecho, su firma no aparece en ningún documento de los expedientes objeto de la investigación.
Además, tras García declaró el policía local adscrito a Urbanismo, quien, según Martín, declaró que, cuando comprobaba alguna irregularidad, informaba a la oficina urbanística, no a los concejales, al igual que en el caso de paralizaciones de obras. Declaró también que «a él nunca le notificaban los decretos de órdenes de derribo», lo que significa que no podía denunciar que no se habían ejecutado.
Por tanto, «los concejales poco o nada tenían que ver en las resoluciones. En todos los decretos siempre va la firma del alcalde».
Con todo, Martín pedirá el sobreseimiento de la causa para García y la juez tendrá que decidir ahora si considera que Victoria Domínguez, la otra edil de Urbanismo de la época, debe declarar y motivarlo para que se le tome declaración en el TSJEx.
