Un escrito anónimo desencadenó el inicio de la investigación del caso Santa Bárbara, de presunta prevaricación administrativa por la ausencia de derribos de edificaciones ilegales en la sierra placentina y en el que figuran como investigados Elia María Blanco, Francisco Barbancho, Mónica García y Victoria Domínguez. Ahora, otro escrito de personas anónimas se ha incorporado a la causa por decisión de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en este caso, va dirigido expresamente contra Domínguez, diputada de Ciudadanos en la Asamblea regional.
El escrito fue remitido directamente por correo al fiscal del TSJEx a finales del mes de julio y, tras la declaración que la diputada realizó en el propio tribunal. Los denunciantes afirman ser «un grupo de ciudadanos de Extremadura, algunos de nosotros militamos en el partido Ciudadanos, por lo que entenderá el porqué debemos guardar nuestros datos de identificación».
Señalan que, al haber trascendido parte de la declaración que hizo Domínguez el 19 de julio, se ven «en la obligación de aportar una serie de documentos» que, en su opinión, demuestran que «la implicación que ha tenido la Sra. Domínguez en este asunto, tiene conexiones de distintas índoles y claras implicaciones políticas, cosa que a todas luces, no pueden permitirse por quienes estamos hartos de casos y más casos de nuestros dirigentes políticos».
Los documentos son artículos aparecidos en la prensa regional, en blogs y escritos públicos de listas electorales del anterior partido que lideró Domínguez, UPEx y de Ciudadanos, donde se repite una persona, que a su vez ostentó el cargo de presidente de la asociación vecinal creada en su día en la sierra de Santa Bárbara.
Lo que los denunciantes quieren demostrar con su escrito y documentos es que la actual diputada de Ciudadanos «estaba debidamente informada y tenía pleno conocimiento de las construcciones ilegales y de los expedientes de derribo de la sierra». También, que en el nuevo Plan General Municipal que inició como concejala de Urbanismo, había «introducido una serie de recalificaciones urbanísticas que afectaban a estos expedientes, cuyo fin era el No proceder con los derribos de estas construcciones ilegales».
Respecto a las declaraciones de Domínguez de que no tenía competencias para cerrar expedientes ni ordenar derribos, el escrito lo compara con expedientes de derribo de casas en ruina en la puerta Berrozana, que se produjeron cuando ella era edil.
INTERÉS «PERSONAL» / Igualmente, señalan que, con su denuncia «se pueden obtener también indicios que pudieran dar origen a una investigación sobre posibles intereses personales tanto de la Sra. Domínguez como de personas muy allegadas a ella a lo largo de su trayectoria política», en alusión al presidente vecinal.
El fiscal superior en funciones del TSJEx pidió inicialmente que se incoaran diligencias preprocesales de investigación penal en base al escrito y documentos, porque denunciaba hechos que «pudieran constituir el delito de prevaricación administrativa». Sin embargo, después el fiscal titular decidió el archivo de estas diligencias e incorporar el escrito a la causa.
