El ayuntamiento y los afectados por las últimas órdenes de derribo de viviendas en la sierra de Santa Bárbara, que forman parte además de una investigación judicial contra la presunta inacción del ayuntamiento, están de acuerdo en una cosa, hay en torno a mil viviendas construidas ilegalmente en la sierra. La actuación judicial y la municipal han provocado una gran preocupación entre todos sus vecinos.

Porque consideran que puede abrir la puerta a algo que ningún ayuntamiento ha hecho en los últimos 30 años, derribar las casas, construidas en suelo rústico y de protección, y porque los afectados por las últimas órdenes no piensan quedarse de brazos cruzados mientras se derriban unas y otras, en las mismas condiciones de ilegalidad, se dejan de pie.

Advierten de que no tienen intención de perjudicar a nadie, pero reclaman una solución global, que ponga fin de una vez al problema.

El Plan General Municipal ya incluyó unas condiciones para regularizar algunos núcleos de viviendas, pero los afectados consideran que son «leoninas, muy difíciles de cumplir» y apuntan al ejemplo de La Vinosilla, donde «en junio del año pasado, el ayuntamiento hizo una modificación del PGM para que se pudieran regularizar. Por qué allí sí y en otras zonas no». Además, ponen de ejemplo lo que dijo la semana pasada el concejal de Urbanismo, que solo se ha iniciado un expediente de regularización y ha sido de un vecino de La Vinosilla.

Mientras, señalan que la edad media de los propietarios supera los 65 años y que, en la mayoría de los casos, lo que comenzó como una segunda vivienda en la finca de la sierra se ha convertido en la primera. «Hay casas de hace 30 años y otras que se construyeron hace 25, hace 10...»

Son conscientes de que son ilegales y de que las levantaron sin la correspondiente licencia de obras -con lo que no pagaron el impuesto de construcciones y obras ni las tasas correspondientes», lo que precisamente critican muchos placentinos. «Ese que dice que somos ilegales, a lo mejor tiene una terraza ilegal en su casa...», apuntan.

la inacción / Como argumento para haber levantado sus viviendas, señalan el hecho de que todos a su alrededor lo hicieron sin que la administración les denunciara ni derribara las viviendas. «Yo empecé a construir en el 2006 y el ayuntamiento me dijo que parara, pero no me precintó las obras, ni me denunció y, como el resto seguía construyendo y todos pensábamos que al final se iban a regularizar, continué y la terminé en el 2007. Lo construido está en el catastro y pagamos el IBI».

Afirman que muchos vecinos tienen órdenes de derribo de diferentes años, pero esas órdenes nunca han llegado a ejecutarse. «Eres ilegal, sí, pero lo han permitido, también». Pero ahora, la posibilidad de que haya un juicio contra la alcaldesa y los ediles de Urbanismo entre el 2006 y el 2011 precisamente por no haber ejecutado las órdenes les preocupa. Porque además, el alcalde actual ya ha firmado nuevas órdenes y ha señalado de que debe hacer lo que le marque la ley.

«Muchos de los vecinos cobran una pensión y no tienen dinero para pagar los derribos. Por eso, queremos que se intente solucionar y, si tengo que pagar una licencia, la pago».