Un mes después de que los exconcejales de Urbanismo Mónica García y Francisco Barbancho declararan ante la juez del juzgado de Instrucción número 1 por el caso de las viviendas ilegales construidas en la sierra de Santa Bárbara y no derribadas pese a tener órdenes de demolición, la juez ha solicitado al ayuntamiento que aporte los expedientes completos seguidos contra un total de 25 propietarios de terrenos o viviendas.

Quiere conocer la magistrada toda la información, desde el momento en que se abrieron los expedientes, hasta la tramitación que han seguido y, si finalizaron con órdenes de derribo. La documentación le permitirá comprobar también si existe alguna firma de algún concejal de los investigados, de la exalcaldesa Elia Blanco, que ya declaró en diciembre también como investigada, o de otra persona.

Porque según fuentes jurídicas consultadas, estos expedientes podrían alargarse más allá de febrero del 2011, en que la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente ha acotado la investigación.

Es más, en la misma providencia, de fecha 17 de abril, la juez señala que, en el caso de no existe expediente contra alguno de los propietarios que incluye en su solicitud, el ayuntamiento informe del «motivo de la no actuación administrativa». La petición de la magistrada va dirigida a la sección de Urbanismo.

Se trata de una solicitud que ha realizado de motu propio la juez, es decir, no a partir de una petición del Ministerio Fiscal, que sí pidió en su día información sobre si en los presupuestos municipales se incluía alguna partida presupuestaria para los derribos de viviendas ilegales.

a la espera / Mientras la información que solicita en la providencia no le llegue, la instrucción está paralizada, porque a raíz de aquella podría decidir si acuerda el sobreseimiento para los exconcejales investigados o no.

En este sentido, en cuanto a la declaración de la exedil de Urbanismo y diputada regional Victoria Domínguez, la juez envió a la Audiencia Provincial de Cáceres su recurso sobre el hecho de no considerarse investigada ni poder ser citada a declarar por el juzgado de Instrucción al no tener competencia por ser Domínguez aforada, con lo que el único competente sería el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. También debe contestar la Audiencia al recurso de la Fiscalía sobre la suspensión de la toma de declaraciones a los exconcejales. Los recursos se remitieron a la Audiencia el 26 de abril.