El alcalde arrojó ayer luz a la polémica reclamación de algo más de 200.000 euros a 14 exmiembros de la junta directiva de la asociación Adesne por parte de la Junta por no haber justificado el uso para el que fue concedido el dinero en el 2009, actividades de fomento del empleo. Fernando Pizarro señaló que "nadie se ha llevado personalmente dinero, pero sí hubo negligencias administrativas".

Porque la Junta, a través del organismo autónomo de recaudación, la OARGT, reclama el dinero a los miembros de la directiva del 2004, ya que desde entonces la entidad no ha notificado los cambios en la directiva. "Hay mucha gente involucrada cuando en el 2007 ya no ostentaban cargos, pero no se informaba". Además, señaló que las mancomunidades que formaban parte de Adesne le debían dinero y este no se reclamó.

Precisamente, debido a esta deuda, Pizarro explicó que Adesne sacó una línea de crédito en la Caja de Extremadura para hacer frente a su porcentaje obligatorio de pago de fondos europeos. Por eso, cuando Adesne recibió en su cuenta los 200.000 euros de las subvenciones de la Junta para fomento del empleo, "la caja absorbió ese dinero para cobrarse la deuda y por eso no se puede justificar. No fue voluntad de nadie de la asociación, pero los técnicos y políticos eran los responsables y nadie dijo nada". Tampoco la Junta reclamó en la anterior legislatura ese dinero ni su justificación. Se da la circunstancia de que la diputada nacional Pilar Lucio estaba al frente de la Consejería de Empleo cuando se concedieron las subvenciones y la misma Lucio había sido hasta el 2007 coordinadora técnica de la asociación.

La presidenta de Adesne era Elia Blanco y ayer, tanto ella como los responsables de las mancomunidades y grupos de acción local a los que la Junta reclama ahora el dinero se reunieron con el alcalde. "Algunos han pedido al ayuntamiento que seamos el ente coordinador para encontrar una solución", dijo Pizarro. La que se planteará a la OARGT supone que las mancomunidades deben ingresar a Adesne --aún sin disolver, aunque sin actividad-- el dinero que le debían y con este se haría frente a los 200.000 euros. El alcalde se ha comprometido a preguntar al organismo si hay plazo para hacerlo y les ha emplazado a otra reunión para estudiar la respuesta. "Ni yo ni este gobierno tenemos nada que ver, pero no tengo ningún interés en que nadie pague algo que no le corresponde".