Los presupuestos del ayuntamiento no han contemplado nunca una partida presupuestaria específica para derribos de viviendas ilegales. Lo confirman fuentes municipales, que apuntan que, para costear derribos, se utiliza el dinero de partidas generales de obras. Esto es precisamente lo que se hizo hace meses con el derribo de una pequeña vivienda en el barrio de San Lázaro, que costó 6.000 euros.

Precisamente, la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente ha solicitado a la juez y esta a su vez al ayuntamiento que informe si, entre el 2006 y el 2011 se contempló alguna partida presupuestaria para el departamento de Urbanismo destinada a la ejecución de demoliciones, bien directas o realizadas de forma subsidiaria.

También la exconcejala Mónica García, que figura como investigada en las diligencias previas que instruye el juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia, ha solicitado por escrito al ayuntamiento un certificado de la existencia de partidas presupeustarias para la ejecución subsidiaria de órdenes de demolición en los presupuestos del 2006 y el 2007, en que ella fue edil de Urbanismo. Igualmente, ha pedido copia de las partidas presupuestarias de Urbanismo en ambos ejercicios y de las bases de ejecución de esos presupuestos.

La fiscal ha argumentado su petición de esa documentación en la declaración que hizo el secretario municipal y también en una certificación emitida por el ayuntamiento en la que señala que la falta de ejecución de las órdenes de demolición se debió a la falta de medios materiales de la corporación y no a la voluntad de incumplimiento y, en ese caso, no habría delito de prevaricación por parte de los investigados.

Estos son la exalcaldesa Elia Blanco, que ya ha prestado declaración, y los exediles Francisco Barbancho y Mónica García, que lo harán hoy, a las once y 11.30 horas respectivamente (también declarará el policía local adscrito a Urbanismo, a las 12.30 horas) y la exedil Victoria Domínguez, que no declarará hasta que el juzgado no pase el caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que es el competente en su caso por estar aforada al ser diputada regional.

Mientras continúa la instrucción, el técnico de los propietarios de viviendas en Santa Bárbara prevé tener lista la próxima semana su propuesta de modificación puntual del PGM para ampliar el suelo no urbanizable común y permitir así que las casas se legalicen y no haya derribos. Su idea es que se pueda aprobar en el pleno de este mes.