La obligación del pago de la deuda de las huertas de La Isla es tal que, si el ayuntamiento se negara a pagarla, toda la corporación sería sancionada y respondería con su patrimonio personal. Lo desveló ayer el alcalde a raíz de que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que media en la negociación con los propietarios haya enviado un escrito al secretario municipal en el que le pide los datos personales de todos los concejales, del gobierno y de la oposición.

Fernando Pizarro explicó ayer que el ayuntamiento cometería un delito de desobediencia si no ejecutara las sentencias de las huertas y, en base a este delito, "seríamos multados con quitas en nuestro patrimonio, primero el alcalde, pero después los concejales del gobierno, pero también los de la oposición". Señaló que existe jurisprudencia al respecto, "otros casos de otras corporaciones donde al alcalde y a los concejales les han impuesto estas multas". Incluso, subrayó que "podría conllevar también pena de prisión para quien les habla".

Por eso, hizo hincapié en que la solución del pago, "no es un asunto fácil y, cuando yo defiendo esta cuestión, estoy mirando primero por el interés de la ciudad por encima de todo, y segundo por la integridad de los 21 concejales".

Precisamente, el pleno ratificó el miércoles la aceptación de los 24,1 millones del Ministerio de Hacienda para pagar el principal de la deuda. Lo hizo de nuevo solo con el voto a favor de José Luis Díaz, por el partido Extremeños. El PSOE se abstuvo y lo justificó en el plan de ajuste que lleva aparejado el crédito para poder devolverlo, sobre todo "por la subida del IBI" y la reducción que plantea de las competencias impropias, según defendió su portavoz, David Núñez.

Ayer, Pizarro mostró su "decepción" por el discurso de Núñez. Dijo que "la abstención es de cobardes. Me dice en privado que está con nosotros y luego se abstienen. Hay que ser responsables por la ciudad. Critican, pero nadie ha puesto sobre la mesa una solución". Solo elogió la actitud de Díaz y dijo que "los partidos no mantienen la unidad, pero la sociedad civil".