El Plan General Municipal del Ayuntamiento de Plasencia «es más restrictivo que la ley del suelo de Extremadura», que da mayores posibilidades de regularizar viviendas construidas en suelo no urbanizable. Lo afirma Juan Antonio Álvarez, arquitecto a quien la plataforma de afectados de la sierra de Santa Bárbara ha contratado como técnico y asesor con el fin de encontrar una solución a los posibles derribos.

Álvarez subraya que hay solución y así se lo transmitió también la tarde del lunes al centenar de propietarios que acudieron a una convocatoria de la plataforma en La Despensa (para sumarse hay que dar los datos en afectadosviviendasplasencia@gmail.com). Para llegar a esa solución, el propio Álvarez elaborará una propuesta, que seguramente irá encaminada al planteamiento de una modificación puntual del plan general para ampliar la zona que actualmente tiene la calificacion de suelo no urbanizable común. Porque este tipo de suelo no tiene protección, mientras que ahora, la mayoría las viviendas están en suelo protegido. Los vecinos recuerdan que también tenía protección la Vinosilla y «se aprobó una modificación del plan y pueden regularizarse».

Es a lo que aspiran todos porque, según la plataforma, la ampliación del suelo sin protección afectaría a las viviendas situadas en las fincas Viña del Carmen, Viña del Castillo y a ambos lados de la carretera de Jaraíz. Según Álvarez, con la modificacion que van a plantear «se solucionaría el problema para el 98% de las viviendas de la sierra».

Todo pasaría primero por la aceptación del ayuntamiento y la aprobación en pleno de la modificación, que se remitiría a la Junta, que es quien tiene que dar el visto bueno definitivo a través de la Comisión Regional de Urbanismo. Álvarez explicó ayer que ya ha mantenido los primeros contactos con técnicos de Urbanismo de la administración regional y ven «razonable y viable» solicitar la modificación, siempre ajustándose a la Ley del Suelo.

Los propietarios tienen prisa porque los expedientes de derribo están en su última fase y «alpromover esto, lo que intengamos es que a nivel jurídico tenga efecto en la posible paralización de derribos», en palabras de Álvarez, cuya intención es tener la propuesta en una semana o diez días para entregarlo al ayuntamiento y que pueda llevarse a pleno. «Si las administraciones se ponen manos a la obra, podría estar resuelto en tres meses».

La segunda parte sería iniciar el procedimiento para regularizar las viviendas.