Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer por la mañana en Badajoz a Manuel García González, exgerente de la cooperativa Caval, sobre el que pesaba una requisitoria judicial para su ingreso en prisión a fin de que cumpla la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz, de fecha 11 de enero del 2016, la cual lo condenaba a 23 años de cárcel. Manuel García González ingresó en el centro penitenciario pacense entre las cinco y las seis de la tarde.
Como ya adelantó este periódico en su edición digital, la detención de exgerente de Caval se produjo sobre la una del mediodía. Tras permanecer varias horas en la Jefatura Superior de Policía, fue trasladado a la prisión en un furgón policial.
García González fue condenado por los delitos continuados de administración desleal, fraude de subvenciones, falsedad contable, dos de apropiación indebida y tres contra la Hacienda Pública. Además, la sentencia establecía que debía indemizar con 10,8 millones de euros a la cooperativa Caval, con 960.000 euros a la Agencia Tributaria y con otros 530.000 euros a la Junta de Extremadura.
La representación legal de la cooperativa de Valdelacalzada Caval, ostentada por la abogada Rosalía Perera, presentó ante la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado 27 de enero un escrito solicitando que se procediera a la ejecución íntegra y urgente de la sentencia después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazara en enero pasado el recurso presentado tanto por el ex gerente como por Manuel Corrales y Carmen Teixeira, los otros dos condenados a penas de 4 y 3 años de cárcel.
Corrales deberá indemnizar a la cooperativa con 815.637 euros y su mujer, conjunta y solidariamente con el acusado García González tendrá que indemnizar a Caval con la cantidad de 104.000 euros.
Los representantes de los condenados habían presentado también otros escritos ante la Audiencia Provincial anunciado que sus representados iban a interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo. Además, solicitaban la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, a su vez, sobre dicha suspensión. La Audiencia Provincial ha decretado finalmente el ingreso en prisión.
