Los representantes de AENA y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) se verán de nuevo el lunes las caras después de que el plante de los técnicos aéreos provocase el cierre de los aeropuertos casi 24 horas, lo que obligó al Gobierno a decretar el estado de alarma en las torres y centros de control. La USCA se mostró ayer "optimista" cara a que ambas partes vuelvan "a la senda de la negociación y el consenso", mientras que fuentes de AENA fueron más cautas y precisaron que se trata de un "primer contacto para ver cómo se puede retomar la negociación" de un nuevo convenio, después de casi seis años de infructuosas reuniones.

El ministro de Fomento, José Blanco, aseguró el martes en su comparecencia en el Congreso que la negociación no se reanudaría hasta que finalizase la alarma, que caducaba este sábado pero que el Consejo de Ministros decidió ampliar ayer hasta el 15 de enero después de recibir luz verde de las Cortes. Y puso un tope al diálogo: el 31 de enero. Después, advirtió Blanco, "Fomento adoptará otras decisiones en relación con la negociación colectiva". Varios grupos políticos han solicitado al Gobierno que recurra a un arbitraje, pero los técnicos desconfían de esta posibilidad porque, opinan, el mediador será nombrado por la Administración.

Ante el temor de que el tira y afloja con AENA se reduzca a 15 días, la USCA dio una rueda de prensa el miércoles en la que anunció que el 85% de los controladores habían firmado una carta en la que se comprometían a "garantizar el servicio aéreo con tal de que el diálogo se reiniciase cuanto antes". Esta disposición ha provocado, según Fomento, que AENA haya citado el lunes a sus representantes. El estado de alarma solo afecta a los centros de trabajo, por lo que los controladores mantienen "intactos" su derechos sindicales, según la interpretación del Gobierno.

LA PRORROGA Aseguró ayer que los contactos con Fomento se habían "intensificado en las últimas horas, hasta el punto que se está elaborando un calendario de encuentros". El sindicato agradeció "encarecidamente la posición firme de algunos miembros del Gobierno y del Congreso que han entendido que recursos propios de estados excepcionales no son los adecuados para buscar una solución al conflicto". El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, les desmintió tras el Consejo de Ministros al asegurar que como el resto del Ejecutivo, él también está convencido de que la "prórroga" se inscribe "en la normalidad constitucional". En la misma rueda, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que el PP se abstuvo en la votación de la prórroga porque "no quería apoyar al Gobierno pero tampoco quería quedar mal con la gente", informa Manuel Vilaseró.