Amnistía Internacional (AI) denunció ayer la desprotección que sufren los menores frente a los videojuegos a causa de una regulación insuficiente del sector y de que la clasificación (por edad o contenidos) que se hace de los programas es en numerosas ocasiones poco rigurosa y confusa. "No existen garantías que impidan a los menores acceder a contenidos que pueden perjudicarlos", afirmó Jordi Balt , portavoz de AI, en la presentación del informe España: menores y derechos humanos, responsabilidades en juego.

La organización está convencida de que la inmensa mayoría de los videojuegos "vulneran los derechos humanos y la dignidad de las personas", aseguró Balt , mientras enseñaba las pruebas de su acusación: Invitaciones a destruir, a asestar puñetazos para liberar la tensión, a aplastar la cabeza del contrario, a mutilar al enemigo y otros excesos. "Sólo sobrevivirán los más duros", podía leerse en una publicidad.

un con premisas tan poco edificantes, los adultos pueden hacer lo que quieran. "El problema está en que el 50% de los niños y el 15% de las niñas de entre 10 y 17 años reconocen usar habitualmente videojuegos destinados a mayores de 18 años", dijo Balt . Estos porcentajes surgen de un informe del Defensor del Menor de Madrid, en el que se señala que el 73% de los niños y el 40% de las niñas reconocen usar videojuegos violentos.

UNA NORMA VOLUNTARIA El problema, según AI, estriba en que el código de autorregulación de la industria del sector, el sistema PEGI (siglas en inglés de Sistema Paneuropeo de Información sobre Juegos) es insuficiente, porque nadie inspecciona que se cumpla. "Además, al ser de carácter voluntario, sólo lo asumen las empresas que quieren hacerlo", subrayó el portavoz.

Este código establece que los compradores deben disponer de información sobre su contenido y que ha de señalarse con claridad la edad a partir de la cual un programa es recomendable. "No siempre se cumple, pero es que además nadie controla que un menor pueda adquirir uno de esos artículos destinados al público adulto", añadió Balt . El Gobierno español creó un grupo de trabajo interministerial para elaborar un diagnóstico sobre la regulación y control del sector. El informe se acabó en octubre, "pero ahí se ha quedado, ni siquiera ha trascendido su contenido", dijo el portavoz de AI.

CONVENIO DE DERECHOS Pero si las cosas son complicadas para los videojuegos que se venden en los comercios, con los programas que circulan por internet o se descargan en la telefonía móvil, la situación ya es de caos total. En esos ámbitos, lo usual es que ni siquiera conste ninguna edad recomendada para acceder a un videojuego. Algunos países, como Alemania, ya han empezado a tomar cartas en el asunto y, como mínimo, obligan a que se acredite la edad en las compras por internet.