El aborto terapéutico realizado a una niña nicaragüense de nueve años, violada en Costa Rica, ahondó aún más la controversia en Nicaragua entre quienes apoyan y rechazan esa medida.
La portavoz del Ministerio de la Familia, Margine Quintanilla, anunció el viernes en rueda de prensa de que la titular de esa cartera, Nathalia Barillas, se reserva el derecho de acusar penalmente a quienes realizaron el viernes el aborto.
Por su parte, el obispo auxiliar de Managua, Jorge Solórzano, señaló que, para la Iglesia Católica, todos los que participaron en la interrupción del embarazo "quedaban excomulgados de inmediato".
Rafael Cabrera, dirigente de un grupo pro-vida, acusó a quienes practicaron el aborto de cometer "un asesinato" y a la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) de querer sentar un precedente en Nicaragua para querer "liberar el aborto".
Según la ley nicaragüense, los médicos que practicaron el aborto terapéutico podrían ser acusados como autores del hecho, sus enfermeras como sus cómplices y las líderes de la RMCV de apología al delito de aborto.
