El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer que en España no existe un "colapso" en la Administración de justicia, sino un "problema endémico" de lentitud y retraso que el Gobierno está ya combatiendo con buenos resultados. Bermejo matizó que las 269.505 sentencias penales inaplicadas de las que habla el reciente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no están en realidad "sin ejecutar", sino que se encuentran "en fase de ejecución", lo que restaría dramatismo al problema. El ministro precisó que, en los últimos dos años, se han ejecutado más sentencias de las que han entrado nuevas, con lo que se ha reducido la cifra del atasco penal.

TRAS EL INFORME DEL CGPJ Bermejo decidió salir ayer a la palestra ante la polvareda que ha originado el último informe del servicio de inspección del CGPJ, en el que se denuncia la existencia a finales del 2007 de cerca de 270.000 fallos penales sin ejecutar. Esta cifra podría haber alcanzado, según los más pesimistas, las 400.000 sentencias después de la paralización que sufrieron los juzgados por la última huelga de funcionarios judiciales. "Es erróneo afirmar que hay 400.000 asuntos penales paralizados. Lo correcto es decir que están en ejecución", aclaró.

El ministro se esforzó en explicar que muchas resoluciones penales necesitan años para cumplirse del todo al estar sometidas a "varios avatares procesales", lo que no significa que estén congeladas. "Parálisis sería que el condenado no entrase en la cárcel, pero no que la pena esté en ejecución porque el recluso aún no ha cumplido toda la condena o que una indemnización civil a pagar a plazos aún no haya sido satisfecha", precisó en tono didáctico antes de admitir que en el caso de algunos juzgados sí cabe hablar de colapso. "Lo que debe alarmar es que haya un retraso injustificado".

Como prueba de que el Gobierno está luchando contra este problema, Bermejo recordó que las medidas de refuerzo de los juzgados de ejecución aprobadas en el 2005 a instancias del órgano de gobierno de los jueces surtieron efecto en los dos años siguientes. Según dijo el ministro, en el 2006 entraron 343.431 sentencias nuevas para su ejecución, mientras que se resolvieron 414.957 fallos ejecutorios. Este superávit de 71.000 procedimientos se incrementó un poco el año pasado, cuando entraron 348.597 nuevos y se culminaron un total de 425.850. "Colapso existe cuando se forma un cuello de botella que no deja pasar. Aquí se está trabajando y se están sacando casos de esa bolsa de sentencias acumuladas".

Bermejo anunció que este año se pondrán en marcha 15 nuevos juzgados de lo penal y un nuevo sistema informático llamado Minerva NOJ que "permitirá a los jueces controlar las ejecuciones", con el fin de evitar casos como el de la niña Mari Luz. También se ampliará el Registro Central de Penados y Rebeldes para que recoja las medidas cautelares, las requisitorias y las sentencias no firmes.