DE LOS CINCO procesados que están siendo juzgados desde ayer por el asesinato a tiros de dos guardias de seguridad durante el asalto a un furgón blindado en diciembre del 2002 cuatro están en libertad provisional porque el juez instructor del caso consideró que no existían pruebas concluyentes que los incriminaran. A pesar de ello, la fiscalía pide penas de entre 36 y 40 años de prisión para cada uno de los cinco acusados de formar parte de la banda que asaltó el furgón en un complejo lúdico Parc Vall¨s de Terrassa, con el objetivo de hacerse con un botín de 214.000 euros.