Los directores de las escuelas e institutos de la red pública española son de los que cuentan con menos poder de decisión entre los países de la OCDE, lo que, en opinión de los expertos, repercute negativamente en el funcionamiento de los centros. A diferencia de sus colegas de la mayoría de los más de 40 países miembros de la organización, los directores españoles no tienen ninguna responsabilidad sobre el nombramiento o despido de profesores, ni posibilidad alguna de aumentarles el sueldo, y apenas pueden influir en la programación de las enseñanzas que se ofertan en los centros.

El director del Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, Enrique Roca, ha constatado esas diferencias a partir del análisis de las respuestas ofrecidas por 150 directores de centros públicos y concertados que participaron en el último informe Pisa, que data del 2003. El estudio, presentado en la XXI Semana Monográfica de la Educación de la Fundación Santillana, que se clausuró el viernes el Madrid, pone de relieve que, en este apartado, la situación de los centros concertados es sensiblemente mejor.

Paradójicamente, es en materia de política disciplinaria dirigida a los alumnos donde el diferencial con el resto de países de la OCDE es menor. Si los directores de los centros a los que acude el 67% del alumnado de la OCDE dicen tener mecanismos efectivos a los que recurrir para hacer frente a los actos de indisciplina de sus pupilos, en España ello solo está al alcance de los responsables del 46% de los centros públicos y privados. Si se consideran únicamente las respuestas de los centros públicos, de un 30%.

RENDIMIENTOS Argumenta que la escasa capacidad de decisión de los responsables de los centros españoles refleja que el grado de autonomía de escuelas e institutos es "bajo", una característica que en todos los estudios internacionales se presenta como un elemento que, cuando no los empeora, nunca favorece los rendimientos del alumnado.

Roca cree que la ley orgánica de educación (LOE) "abre puertas" que habrá que explorar en los futuros desarrollos legislativos, tanto por parte del Estado como de las comunidades para corregir esta situación.

El limitado poder decisión de los directores tiene otros efectos perniciosos sobre la organización escolar, como la creciente ausencia de candidatos a ocupar esos puestos, una situación que la Administración acaba afrontando con designaciones a dedo.

El análisis también indica que "únicamente en materia presupuestaria (elaboración y distribución de la dotación económica de la que disponen), la responsabilidad de los directores se aproxima, pero no se iguala, a la de sus colegas de la OCDE".