Si una mujer es maltratada por su pareja no debería confiar mucho en la ayuda que la justicia o el Estado le pueda a prestar, según la mayoría españoles. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dado a conocer ayer, recoge que el 51,2% de los casi 2.500 encuestados se fían poco o nada de los servicios estatales en esta materia. Y todavía es peor la nota obtenida por los jueces. Un 52,1% de los españoles desconfía de su labor en la lucha contra la violencia machista.

Por el contrario, las organizaciones de mujeres son de mucha o bastante confianza para el más del 85% de los entrevistados, seguidas de la familia (para un 82%), los médicos (80%), los servicios sociales (77,8%) y los amigos (77,9%).

La inmensa mayoría de los ciudadanos (un 73%) ha oído hablar alguna vez de la ley integral de violencia de género y más de un 45% cree que es eficaz para facilitar la recuperación de las mujeres maltratadas, frente al 30% que no lo juzgan así. Entre estos, un 28% considera que los castigos tendrían que ser más duros, un 22% opina que no hay suficiente medios para aplicarla y un 14% que es una ley insuficiente.

SATISFACCION DEL GOBIERNO La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Encarnación Orozco, manifestó ayer su satisfacción por el conocimiento y la confianza mostrada hacia la ley contra los malos tratos. Y la presidenta del observatorio de la violencia machista, Montserrat Comas d´Argemir, defendió la labor de la justicia. "Si se confía en la ley --añadió-- también se confía en los jueces, porque es muy díficil que los ciudadanos diferencien la norma de su aplicación".

Precisamente, ayer Felipe Ardanza confesó ante el juez ser el autor de la muerte hace un año de quien fuera su compañera sentimental, Ofelia Hernández --una vecina de Durango (Vizcaya) de origen guatemalteco--, si bien recalcó que su pretensión al clavarle un cuchillo no era la de "hacerle daño".

El abogado de Ardanza, quien asestó una puñalada mortal a esta mujer de 32 años en casa de la víctima y en presencia de sus 2 hijos en enero de 2005, ha pedido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Durango la absolución del imputado porque actuó bajo "trastorno mental".