Los ministros europeos de Transportes analizarán mañana por primera vez la propuesta de la Comisión Europea para perseguir a los conductores que cometen infracciones en un país que no es el suyo y acabar con la actual impunidad. El objetivo es interconectar los registros de matriculación de vehículos de todos los estados de la UE para que las sanciones impuestas por la policía de un país puedan llegar al conductor infractor aunque resida en otro estado.
La iniciativa, tal y como está diseñada ahora, plantea dudas sobre si la UE tiene realmente competencia para legislar en este sentido, algo que abordarán los ministros en su reunión de mañana en Luxemburgo. El texto inicial prevé que cuando un conductor de otro estado miembro exceda los límites de velocidad, consuma alcohol al volante, no utilice el cinturón de seguridad o se salte un semáforo no quede impune, tal y como suele suceder ahora. Para ello, las autoridades que lo detecten tendrán que ponerse en contacto con la policía del país del que proceda el conductor, que ayudará a identificarlo.
Posteriormente, la autoridad nacional relevante se encargará de notificar la infracción al propietario del vehículo y le pedirá que abone la multa pertinente. Si después de dos meses el afectado no ha pagado la multa, el país que detectó la infracción llevará el caso ante un juez nacional para que dicte una resolución penal e informará a otro juez del estado de origen. El carácter penal de la resolución que dictaría el juez hace dudar de si la UE tiene o no competencia en este sentido.
Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, se pueden aplicar sanciones penales si son necesarias para hacer cumplir las normas comunitarias; el problema es que la Unión Europea no dispone de normas comunes de circulación vial. La presidencia francesa de turno de la Unión considera plantear normas comunes en esta materia, pero la oposición frontal de muchos países hace improbable, de momento, que esta vía tome cuerpo.
Lo que sí parece viable es que la presidencia sugiera limitar la propuesta inicial de la Comisión a un simple intercambio de información, excluyendo la parte penal, con lo que se perdería casi todo el peso de la iniciativa y habría que completarla con otras medidas más adelante. Aparte de la discusión sobre seguridad vial, los ministros tratarán de dar salida a dos medidas del llamado "paquete marítimo", que pretende reforzar la seguridad para evitar que se repitan catástrofes como la del petrolero "Prestige" en las costas gallegas en 2002.
Hasta ahora, los países de la UE han sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre estas dos propuestas que sólo apoyan Italia, Irlanda, Eslovenia y Bulgaria. En total, llevan un año y medio bloqueadas en el Consejo. En concreto, las dos medidas mencionadas están llamadas a delimitar la responsabilidad de los armadores en caso de accidente y a endurecer las concesiones de pabellones de países europeos.
La Comisión Europea quiere que los armadores suscriban un seguro obligatorio para poder indemnizar a las víctimas en caso de accidente. Asimismo, pretende que se refuercen las inspecciones de los barcos abanderados en los países de la UE, que se realicen inspecciones y procedimientos de certificación de los buques y que se inicien de manera obligatoria investigaciones tras los siniestros.
La principal queja de los países es que tales exigencias disparan los costes, aunque los estados que ya aplican estas normas coinciden en que esa superior inversión queda ampliamente compensada a largo plazo. El Consejo de Ministros tiene previsto también aprobar conclusiones sobre la inclusión del sector de la aviación en el sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS).
