Los fiscales españoles centrarán sus investigaciones en la identificación de los cabecillas que supuestamente organizaron el plante de los controladores aéreos, que se enfrentarán a penas de hasta 8 años de prisión por un presunto delito de sedición. Así lo ha acordado hoy la Junta de Fiscales, en una reunión celebrada en la capital aragonesa que ha presidido el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con el análisis de las repercusiones penales de los controladores aéreos incluido por vía de urgencia en el orden del día. Según han informado fuentes de la Fiscalía General, los fiscales han acordado unificar criterios a la hora de actuar contra los controladores, a partir de lo establecido en la Ley Penal de Navegación Aérea, que contempla penas de 3 a 8 años de cárcel por sedición, en función del grado de responsabilidad de los imputados. Estas fuentes han incidido en que el "objetivo común" de los fiscales es identificar a los responsables de la presunta movilización encubierta de los controladores, sobre los que podrían recaer las peticiones de penas más severas. Han añadido que las investigaciones practicadas en cada uno de los territorios donde hay aeropuertos con controladores civiles derivarán en denuncias ante sus respectivos órganos judiciales. Los fiscales han acordado, además, coordinar las diligencias con Aeropuertos Nacionales (AENA) para evitar que las torres de control aéreo queden sin personal de servicio con motivo de las tomas de declaración previstas a los controladores. Por este motivo, AENA informará a la fiscalía de los turnos de cada uno de los controladores que abandonaron su puesto de trabajo para realizar las citaciones en horarios no laborales. Según las fuentes citadas, que dan por seguro que el conflicto "se judicializará", la identificación de los cabecillas de los controladores es el principal objetivo de una investigación que se ajustará a los medios disponibles en cada uno de los territorios. A este respecto, han explicado estas fuentes que los controladores podrán ser citados para declarar tanto ante las fiscalías de sus respectivos territorios como ante la Guardia Civil. Antes del inicio de la reunión, Conde-Pumpido ha advertido que los hechos imputados a los controladores a partir de las 13.00 horas del pasado sábado, cuando se decretó el estado de alarma, serán enjuiciados por la jurisdicción militar. Para el fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado las vías legales previstas en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España. Por otra parte, en la reunión se ha debatido las modificaciones al Código Penal que entrarán en vigor el próximo 23 de diciembre, a fin de abordar su aplicación con criterios comunes en todas las fiscalías del país.