La respuesta jurídica del Gobierno a los planes de Vic de no empadronar a inmigrantes sin papeles no deja lugar a dudas: "La inscripción de los extranjeros en el padrón procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal" en España y a estos efectos "debe considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado".

Estas son las conclusiones del informe de 10 páginas que el Abogado del Estado hizo público ayer en respuesta a la consulta del consistorio sobre si era válido o no registrar en el padrón a extranjeros cuyo pasaporte "no cuente con el preceptivo visado". El Gobierno se apoya en seis argumentos, y se basa tanto en la ley de bases de régimen local --que regula las condiciones para el empadronamiento-- como en la ley de extranjería y varios reglamentos. Todas estas normas llevan a la misma e inequívoca conclusión: para inscribirse en el padrón solo es necesario que el ayuntamiento constate un dato "fáctico", vivir en España, y no jurídico, disponer de residencia legal en el país.

TIRON DE OREJAS AL PP El informe esgrime también la decisión adoptada en 1997 por el entonces Gobierno del PP, que indicó a los ayuntamientos que en el padrón "deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio del Interior". Así, el Gobierno aprovecha el informe para dar un tirón de orejas a los populares, que en los últimos días han intensificado las críticas al Ejecutivo denunciando lagunas legales sobre extranjería.

El Abogado del Estado recuerda, además, que ninguna ley impone a los ayuntamientos comprobar la residencia legal de los extranjeros porque no disponen de competencias para controlar los permisos de residencia.

El alcalde de Vic, Josep M. Vila d´Abadal (CiU), y varios regidores de su equipo de Gobierno (CiU, ERC y PSC) declinaron ayer valorar el dictamen del Gobierno, argumentando que todavía no lo habían recibido por vía oficial y solo lo conocían a través de los medios de comunicación. "No podemos trivializar las cosas. Un tema como este no se puede tratar superficialmente", argumentaron fuentes municipales para justificar el silencio oficial.

Los que sí se pronunciaron, con una evidente satisfacción, fueron los representantes de las entidades de apoyo a los inmigrantes en Vic, que esperan que el ayuntamiento retire la propuesta en las próximas horas. "Estaba seguro del dictamen. Y más cuando algunos representantes del Gobierno ya habían dejado entrever su posición", dijo Carlos Ordóñez, de la Asociación de Ecuatorianos de Vic. Algunos representantes políticos, como Jordi Casals, de ERC, también expresaron su satisfacción. "El padrón sirve para conocer la realidad. Y es una herramienta para aplicar correctamente políticas de integración", dijo.

ALIVIO DE LA GENERALITAT Desde el Ejecutivo catalán, la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, calificó de "muy clarificadora" la respuesta del Estado a Vic y coherente con los planteamientos de la Generalitat. Capdevila expresó su confianza en que el consistorio "no tirará adelante" en sus intenciones.

Por su parte, CiU anunció ayer que presentará en todos los municipios donde tiene representación una moción de apoyo al Ayuntamiento de Vic. Los términos del documento no están decididos, pero la intención es defender el "modelo Vic" de integración de los inmigrantes.