Los cuatro agentes de la Guardia Civil detenidos este lunes en Isla Mayor (Sevilla) en el marco de una operación contra el narcotráfico han ingresado en prisión provisional y sin fianza por orden de la juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso. Junto a ellos también han sido encarcelados los dos vecinos de este municipio sevillano detenidos en la misma operación.

Fuentes judiciales han confirmado que los seis detenidos, entre ellos el sargento al mando del puesto de la Guardia Civil de Isla Mayor en los últimos dos años y tres subordinados, en total la mitad de los ocho agentes del cuartel, han prestado declaración por videoconferencia tras ser puestos a disposición judicial. El juez les atribuye a todos ellos los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública por tráfico de drogas, y en el caso de los miembros de las fuerzas de seguridad les suma además los delitos de denuncia falsa, cohecho y revelación de secreto.

UN ALIJO DE 1.600 KG

La operación que conmocionó al pequeño municipio ribereño se precipitó después del hallazgo la pasada semana de un alijo de 1.600 kilogramos de hachís. Hasta Sevilla se desplazaron agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) procedentes de Madrid, quienes actuaron con total sigilo ante la sospecha de que varios agentes del cuerpo estaban implicados. Supuestamente, habrían facilitado el paso de las lanchas cargadas de droga por los canales cercanos al pueblo y su ocultación en varios embarcaderos.

La operación continúa abierta y, de momento, se han confiscado 50 fardos de hachís, dinero en metálico, munición y varios vehículos (algunos de ellos sustraídos, según fuentes policiales), así como diverso material informático y de telefonía, pasamontañas y varias motos de agua y embarcaciones semirrígidas con motor, que estaban almacenadas en una de las naves construidas a la orilla del río.

Tras conocerse las detenciones de los agentes, que suponen la mitad de la plantilla del acuartelamiento del municipio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado que “el Estado de Derecho funciona, le toque a quien le toque”. Sanz ha resaltado la labor realizada por la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, prueba de que “quien la hace, la paga” y de que tanto la Guardia Civil como el Estado son “los primeros interesados” en que ello ocurra y “se actúe con la contundencia debida”.