La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aseguró ayer con rotundidad que la nueva ley del aborto seguirá adelante, pese al recurso de inconstitucionalidad que hoy presentará el PP, y se mostró convencida de que la norma --que permitirá abortar libremente en España en las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22-- entrará en vigor el 5 de julio con toda normalidad. "Les he dicho a los consejeros del PP que no se retirarán los dos decretos que la desarrollan porque tengo un mandato legal, una ley orgánica, aprobada por el Parlamento el pasado 3 de marzo", aseguró Jiménez tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud.

Los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP aprovecharon la reunión para hacer una crítica en su conjunto de la ley, más que a rechazar los dos decretos que la desarrollan y que se refieren a garantizar la prestación para todas las mujeres, las condiciones y los requisitos para el personal sanitario.

Jiménez aseveró que "raramente" el Tribunal Constitucional decide paralizar una ley aprobada por el Parlamento y advirtió de que no tolerará ningún "resquicio legal" que permita a las comunidades como Navarra, negarse a practicar abortos en su territorio. "Las leyes son de obligado cumplimiento para todos", sostuvo la ministra.

La titular de Sanidad contestó a la objeción de la consejera canaria Mercedes Roldós de que la nueva regulación supone una prestación nueva: "Ni es una prestación nueva ni va a aumentar el gasto de las comunidades ya que éstas hasta ahora tienen que financiar los abortos".