El juez Javier Gómez Bermúdez ha puesto nombre y apellidos a la difícil situación a la que se enfrenta la Audiencia Nacional en la lucha contra el tráfico internacional de drogas tras la reforma de la justicia universal auspiciada por Mariano Rajoy, al afirmar que la persecución de este tipo de delitos ha quedado excluida "por voluntad del legislador". Por ello, ayer acordó liberar a ocho marineros sirios que transportaban 12 toneladas de hachís en un barco con bandera de Sierra Leona que fue interceptado el pasado 16 de marzo. El magistrado sigue la estela iniciada por su colega Fernando Andreu y se declara incompetente para perseguir estos hechos.

La reforma de la justicia universal por el Gobierno del PP para evitar la persecución de mandatarios extranjeros investigados por genocidio ha abierto un boquete en la persecución de otros delitos, como el tráfico de drogas, por la limitación de las causas para abrir una investigación.

El Ejecutivo del PP cerró toda vía de investigación para que los gobiernos extranjeros se sintieran tranquilos, ya que la Audiencia solo podrá perseguir causas de lesa humanidad si los autores son españoles o residen en España. Estas exigencias también se ampliaron a delitos como los de narcotráfico, ya que para abrir un proceso es necesario que los autores sean españoles, el barco apresado en alta mar enarbole pabellón español y la organización tenga intención de descargar la droga en España.

Pues bien, la aprehensión del Mayak , que navegaba en aguas internacionales, no reúne ninguno de estos requisitos. Y el togado, al igual que su compañero Andreu, rechaza que la Audiencia pueda incoar un proceso porque en su captura hayan participado tropas españolas. Por ello, acuerda el archivo del caso y ordena la excarcelación de los marineros. La droga será ahora destruida.

PRESIONES CHINAS La reforma de la justicia universal ha caído mal en la Audiencia Nacional, que es el único tribunal español que puede investigar delitos de genocidio. Las presiones del gigante asiático llevaron a la reforma tras la orden de arresto dictada contra el expresidente Jiang Zemin por el genocidio del Tíbet.

La reforma ha sido rechazada por los jueces de la Audiencia, que han planteado al pleno de la sala penal que eleve una cuestión ante el Constitucional. Los 16 magistrados que decidirán sobre esta cuestión se reunirán después de Semana Santa. Si el alto tribunal acepta revisar la norma, los casos que tramita la Audiencia quedarán en suspenso hasta que el Constitucional dicte sentencia.