El juez de Madrid que investiga supuestos abortos ilegales en la clínica Isadora, tras la campaña desatada por los sectores ultracatólicos, centra ahora sus pesquisas en comprobar si las interrupciones del embarazo fueron llevadas a cabo por los facultativos oficialmente autorizados en el centro. Así se desprende de los testimonios de 25 mujeres que abortaron en la clínica en febrero y que, casi un año después, han tenido que pasar el mal trago de ser citadas a través de la Guardia Civil para declarar sobre este asunto.

Varias de estas pacientes relataron que los agentes centraron sus interrogatorios en conocer los tiempos de su embarazo cuando se les practicó el aborto. Pero también les mostraron un book de fotografías del personal sanitario para que señalaran quiénes las atendieron. El objetivo es cotejar si fueron tratadas por el personal que firma los informes.

Fuentes próximas a la clínica mostraron ayer su temor a que, visto el proceder del juez, el paso siguiente sea llamar a declarar al personal sanitario e incluso imputarle irregularidades. "Abortar es un derecho democrático y queremos trabajar con normalidad", reclamaron ayer los empleados de Isadora, molestos por las investigaciones.

Marisa Castro, portavoz de la clínica, aseguró que no es posible encontrar irregularidades en el centro, ya que el Instituto Anatómico Forense determinó que los fetos recogidos, que dieron lugar a la primera denuncia, no superaban las 22 semanas, plazo dentro del límite legal para practicar un aborto. Las mujeres citadas estudian querellarse por la vulneración de su intimidad y las malas formas con que han sido tratadas.