El comité de ética de la Junta de Andalucía dio ayer un paso adelante y avaló la petición de Inmaculada Echevarría, la enferma granadina con distrofia muscular progresiva que ha solicitado que se la desconecte del respirador que la mantiene con vida desde hace nueve años. A pesar de la decisión afirmativa, el Gobierno autonómico ha solicitado un nuevo dictamen a otro órgano, el consejo consultivo, con el objetivo de dar "mayor seguridad jurídica" a los profesionales que asisten a la paciente, de 51 años.
La petición de Echevarría se produjo el 20 de noviembre, apenas unos días después de firmar el testamento vital en el que expresaba su voluntad de morir si empeoraba su enfermedad y no tuviera conciencia de sus actos. Tras informar a la delegación de Salud de Granada, donde permanece ingresada, esta trasladó la solicitud al comité de ética, formado por 25 expertos en bioética, derecho y psicología --entre ellos un jesuita--, que han aprobado la medida por unanimidad. Ahora, el consejo consultivo tendrá entre uno y dos meses para apoyar o no la decisión.
En el dictamen realizado por el comité de ética, que estudió dos informes psiquiátricos que confirmaban la capacidad de Echevarría para realizar la petición, se destaca que la solicitud no se enmarca en la eutanasia sino en la "limitación de esfuerzo terapéutico". Es un derecho recogido en la ley de autonomía del paciente.
No obstante, se establecen unos requisitos para llevarlo a la práctica, como garantizar que se trata de una decisión "libre y autónoma" por parte de Echevarría, que deberá disponer de "la información necesaria de lo que sucederá".
