La firma francesa Lactalis ha agravado esta semana el escándalo sanitario que estalló el pasado mes de diciembre al detectarse una partida de leche en polvo infantil potencialmente contaminada con la bacteria de la salmonella. El líder mundial del sector lácteo ha mantenido a la venta lotes afectados a pesar de que el Gobierno ordenó su retirada del mercado.

Una inexplicable cadena de errores ha permitido la presencia de los productos infantiles en un total de 91 establecimientos franceses: 30 grandes superficies (Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché, Casino, Cora France y Système U, entre otros) 44 farmacias, 12 hospitales, dos guarderías y tres mayoristas, según han constatado los servicios antifraude en los 2.500 controles efectuados desde el pasado 26 de diciembre.

Además, la crisis empieza a traspasar la frontera. Ayer,el Instituto Pasteur de París confirmó el primer caso de infección por salmonelosis en España. Se trata de un bebé que el pasado 30 de diciembre presentó en el País Vasco los síntomas de la enfermedad tras consumir leche de Lactalis, según han revelado las pruebas de ADN. El caso se debió a una muestra gratuita facilitada por el pediatra. Y hay otro caso sospechoso en Grecia aún por confirmar. En Francia, entre mediados de agosto y principios de diciembre se han visto afectados 37 bebés de los cuales dieciocho han tenido que ser hospitalizados.

La deficiente gestión de Lactalis y la desconfianza de los consumidores lleva al Gobierno a adoptar una medida drástica para atajar el problema. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, tras reunirse ayer con el presidente de Lactalis, Emmanuel Besnier, anunció la retirada de todos productos de leche infantil elaborados Craon, en la región del Loira, independientemente de la fecha de fabricación.

Es ahí donde se detectó el foco de salmonella, concretamente en la zona de desecado, y de donde salieron los lotes contaminados. La fábrica permanece cerrada hasta que las autoridades sanitarias comprueben que se ha solventado completamente el problema.

«Ni uno solo de estos botes de leche infantil debe estar en el circuito de consumo», subrayó el ministro, que justificó la decisión para evitar nuevos problemas sanitarios. El Gobierno había ordenado en tres ocasiones a lo largo del mes de diciembre la retirada de las partidas sospechosas, la mayoría comercializadas con la marca Picot, Milumel, Lémiel y Pepti Junior, así como las vendidas con la etiqueta de Carrefour.

Sin embargo, el martes pasado la firma Leclerc anunciaba que había detectado en su red de distribución casi mil productos de Lactalis no autorizados a la venta. El conjunto del sector lanzó una investigación similar y la mayoría de las grandes cadenas llegaron a la misma conclusión. El Gobierno tomó cartas en el asunto, convocó a los responsables de los supermercados y les pidió mejorar los sistemas de retirada de productos defectuosos para evitar que en el futuro se repita el mismo fallo.

A pesar de su celeridad convocando a todos los actores del sector y la promesa de que se redoblarán las inspecciones, el Ejecutivo no ha evitado las críticas. Los diputados socialistas han pedido ya abrir una comisión de investigación en la Asamblea Nacional para ver si el Estado puso todos los medios para atajar la crisis.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL / En todo caso, la mayoría de las miradas se dirigen a la opaca gestión de Lactalis, cuyo presidente mantiene un absoluto mutismo sobre la crisis. Le Maire le ha pedido a Besnier una mayor dosis de transparencia. Por otro lado, corresponderá a la justicia determinar las responsabilidades del fabricante en la crisis sanitaria.

La Fiscalía de París abrió el 22 de diciembre una investigación preliminar por heridas involuntarias, engaño agravado y no ejecutar la orden de retirada de un producto potencialmente dañino para la salud. «Si se demuestra que ha habido prácticas inaceptables, se adoptarán sanciones», advirtió por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron.