Que la falta de respeto a la Memoria Histórica no quede impune. Que exista un régimen sancionador que se aplique a aquellos que usen o permitan elementos o acciones en contra de este concepto. Y que afecte a todos los municipios de la comunidad autónoma con multas que pueden llegar hasta los 50.000 euros. Es uno de los principales objetivos que persigue la nueva ley extremeña en esta materia. El borrador de la futura normativa ya se ha hecho público. En breve será aprobado en Consejo de Gobierno e iniciará su tramitación parlamentaria.

A priori, se propone que las sanciones por no cumplir lo legalmente establecido sean de entre 200 y 2.000 euros si la infracción es leve; de entre 2.001 y 10.000 euros si es grave; y de entre 10.001 y 50.000 si se considera muy grave. En este último grupo entrarían, por ejemplo, la reincidencia o edificar en terrenos donde se tiene constancia de que existe una fosa común.

Así lo detalla José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (Armhex), una de las integrantes de la comisión que desde mayo de 2016 trabaja en este texto. En la misma también se integran la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (Amecadec), representantes de la Junta, del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica (Premhex) y de la Universidad. Ayer fueron recibidos por el presidente Guillermo Fernández Vara, y por la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, para dar a conocer de manera oficial el borrador.

RETIRADA DE SUBVENCIONES / Corbacho también explica que, con esta normativa extremeña, se pretende complementar la ley a nivel nacional, que no incluye ningún régimen sancionador más allá de la retirada de subvenciones a aquellos que se salten la legalidad (una medida que ya anunció que aplicaría, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo).

En definitiva, el texto regional, que consta de 58 artículos, pretende que las nuevas generaciones de extremeños conozcan el alcance que tuvo la represión franquista y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil para que su memoria sea dignificada. Por ello, otras de las claves que se incluyen es agilizar los trámites y mejorar los procesos para poder llevar a cabo exhumaciones. Lo que no se incorpora directamente es el apoyo económico para estas acciones, «aunque sí se abre la posibilidad de la creación de una línea de subvenciones para las asociaciones que trabajamos en esta materia», según explica Corbacho. Y añade que entidades como la que él representa consideran que la futura ley extremeña les otorga «un papel muy relevante».

Otro de los pasos importantes que se darán en este sentido será la creación de un Instituto de la Memoria Histórica y Democrática, donde se recopilará toda la información existente, como un mapa regional de fosas comunes.

CONCEPTO DE VÍCTIMA / Asimismo, un aspecto relevante que ya había trascendido es que el concepto de víctima será más extenso y se incluirán también a los deportados en los campos de concentración nazis. Allí terminaron 274 extremeños (216 de la provincia de Badajoz y 58 de la de Cáceres) y más de 200 no sobrevivieron.

Además, se pondrá especial atención a aquellos que sufrieron la represión franquista por su orientación sexual.

Una vez que la futura normativa salve todo los trámites, está previsto que pueda entrar en vigor en los primeros meses del próximo año 2018.