Dos presuntos miembros de una banda de atracadores cogidos in fraganti por la policía el día 8 en Madrid seguían al cierre de esta edición fugados mientras la policía y la fiscalía se acusaban mutuamente de que quedaran en libertad tras pasar a disposición judicial.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, criticó la operación policial, que calificó de "manifiestamente irregular" y mantuvo que el atestado que la policía entregó al poner a disposición judicial a los cinco miembros de la banda de presuntos atracadores "tiene serias deficiencias".
Los cinco presuntos delincuentes fueron detenidos cuando intentaban entrar en un banco por un conducto de ventilación y quedaron en libertad dos días después porque la fiscal no solicitó prisión para ellos.
La fiscalía madrileña cambió el jueves de criterio y pidió la detención de los cinco, dos de los cuales fueron localizados poco después en Madrid y un tercero en Vigo, ciudad de origen del presunto cabecilla de la banda.
"Cuando las cosas salen mal, es porque han empezado mal, porque ha faltado la coordinación oportuna y que la policía informase debidamente a la Fiscalía" de la operación, mantuvo Conde-Pumpido, en Galicia.
La Dirección General de la Policía ha hecho de este caso una "utilización mediática impropia de un Estado de Derecho", censuró el fiscal, quien mencionó el vídeo que los agentes grabaron en el momento de las detenciones, "utilizado para lucimiento mediático".
Sus palabras suscitaron una respuesta de la Dirección General de la Policía que, en un comunicado en el que no menciona expresamente a Conde-Pumpido, rehúsa "entablar públicamente discusión" con instituciones con las que ha de colaborar.
DEFENSA POLICIAL La policía, añade la nota, "no va a atribuir supuestas negligencias en la actuación de esas instituciones, pero justo es también reclamar un comportamiento recíproco".
El comunicado rebate las acusaciones del fiscal, y le reprocha implícitamente el "riesgo de fuga" de los delincuentes "por haberse hecho pública" la instrucción que el jueves ordenó su arresto, fundamentada en nuevas pruebas como el vídeo grabado y no entregado en un primer momento con el atestado.
El cruce de acusaciones llevó al secretario de Libertades Públicas y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, a denunciar la "descoordinación escandalosa" entre los ministros de Justicia e Interior y la vicepresidenta Fernández de la Vega, evitó responder a quien le corresponden la responsabilidad, afirmando: "Lo más importante es poner a disposición de los jueces a los delincuentes".
