Cuando no es la gripe, son las infecciones o cualquier otra dolencia, pero la realidad es que las urgencias de los hospitales públicos españoles están "saturadas" y son un "completo caos". Y no por problemas puntuales, sino continuados, según criticaron ayer los responsables de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEME). El panorama es desolador: los médicos que atienden a los pacientes no tienen toda la formación que deberían, se vulneran los derechos fundamentales de los enfermos y, además, en muchos casos los celadores deciden qué enfermo tiene prioridad a la hora de ser asistido.

Todas estas consideraciones están incluidas en un informe elaborado por la SEME, una sociedad científica formada por 5.000 médicos y 3.000 enfermeros y técnicos. El presidente de la organización, Luis Jiménez Murillo, presentó ayer en Madrid el estudio y aseguró que el 90% de los pacientes que pasan por el servicio de urgencias son atendidos por quien no debería hacerlo: médicos residentes en su primer año de formación.

NO ESTAN PREPARADOS El presidente de la Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias, Manel Chánovas, redujo al 40% el porcentaje de médicos internos residentes (MIR) de primer curso que están atendiendo los servicios de urgencia de los hospitales catalanes. Un MIR es un licenciado en Medicina que ha superado el examen de acceso a su formación como especialista.

"El gran problema de las urgencias no son esos médicos, sino la falta de espacio --afirmó Chánovas--. No obstante, es evidente que un residente de primer curso no está preparado para tomar decisiones en un servicio de urgencias".

Esa situación se agrava cuando el médico en formación, como ocurre con gran frecuencia, debe asumir dos o tres guardias nocturnas semanales. "En esos casos, el facultativo trabaja hasta 36 horas ininterrumpidamente, lo que disminuye su eficiencia".

Según una normativa europea de 1995, los MIR no pueden atender pacientes hasta que no han superado su segundo año de formación hospitalaria. Sin embargo, los hospitales los sitúan en plantas en las que también trabaja un médico adjunto, de plantilla, que los supervisa.

Jiménez Murillo explicó que la asistencia por parte de residentes de primer año es susceptible de ser "denunciada ante los tribunales" porque se trata de una práctica ilegal.