La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), patrocinadora del informe PISA, todavía debe decidir cómo reacciona ante la filtración de los resultados en España unos días antes de lo previsto. No obstante, un portavoz de esa entidad ha avanzado que el castigo se impondría a la Administración y no a la publicación que avanzó parte de las calificaciones sobre los estudiantes, ya que esta no tenía el compromiso del embargo que sí se reclama a las autoridades educativas.

El Consejo de Administración del programa PISA será el encargado de tomar una determinación sobre el incumplimiento de la prohibición de hacer públicos los resultados antes de tiempo. El semanario Magisterio reveló los rendimientos en la ESO de las comunidades el 28 de noviembre, a pesar de que no se podían hacer públicos hasta el 4 de noviembre. Esta filtración pudo provenir de un gobierno autonómico presidido por el PP que, así, perjudicaría al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ante la OCDE. El día que se divulgó la información embargada, la titular del Ministerio de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, mostró su "más enérgica repulsa e indignación".

Una de las posibles represalias que se podrían tomar cara a próximas ediciones sería no entregar el informe a las autoridades españolas meses antes, como hasta ahora. Otro castigo, más drástico, sería prescindir de España en el próximo estudio. El mismo portavoz de la OCDE insistió en que los datos del estudio únicamente se habían enviado "a las autoridades nacionales y regionales" y que los periodistas carecían de los mismos. Estos responsables educativos, recalcó, sí tenían ese compromiso de respetar el embargo según el cual solo se podían difundir los resultados el día y a la hora previamente acordados.