La valla de Melilla ya no resulta ajena a casi nadie: todos han visto las imágenes de los cortes causados por las cuchillas en las manos de los inmigrantes que intentan entrar en España, primera estación europea, así como las de los subsaharianos subidos en la cerca. La miseria endémica en el Africa subsahariana empuja a decenas de miles de personas a intentar saltar. En este contexto, varias entidades reunidas en la Comisión de Observación de Derechos Humanos (CODH) acudieron la primera semana de este mes a Melilla para observar la situación. Ayer presentaron los resultados, un informe titulado Vulneraciones de derechos humanos en la frontera sur , que principalmente constituye una denuncia: España no cumple la ley.
Expulsión 'en caliente'doblemente ilegal
La CODH está integrada por la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, el Grupo de Acción Comunitaria y el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Y tras visitar la frontera sur la primera semana de julio su conclusión es que entre las actuaciones ilegales del Estado en la frontera destacan las devoluciones en caliente como elemento más grave. Se conoce así a las situaciones en las cuales las fuerzas de seguridad españolas entregan a Marruecos a extranjeros que han intentado atravesar la barrera y que han saltado la primera o las dos vallas.
Y según el informe eso supone una doble ilegalidad. Para empezar, porque quien entrega a los inmigrantes por una puerta de la valla sabe que estos corren un riesgo fundado de ser sometidos a agresiones y torturas. Y para seguir, porque al estar las vallas en territorio español, no se puede expulsar instantáneamente a quien puso un pie en este país. Debería seguirse el proceso previsto en la ley de extranjería. En la presentación de ayer se recordó que hay imágenes de devoluciones. Habla de malos tratos por las fuerzas de seguridad españolas y de las marroquís. También alude a insultos racistas del personal de seguridad contra extranjeros internados.
El CETI, cuatro veces la capacidad prevista
Del Centro de Estancia Temporal de Personas Migrantes (CETI), el informa subraya la saturación de las instalaciones, previstas para 480 personas y con 1.747 personas internadas en mayo: 1.239 hombres, 197 mujeres y 311 niños. Cuando la comisión lo visitó había 1.600 internos. La mayoría de los foráneos que están allí son ahora sirios. Del centro se destaca que solo hay dos traductores de árabe y una psicóloga para todos los internos, que las instalaciones son precarias y sin intimidad posible. El informe denuncia racismo y homofobia y alude a problemas asociados a determinados colectivos de foráneos. Por ejemplo, explica que, en el caso de los sirios, los hombres imponen a las mujeres que se ocupen de ellos, dejando a los menores con otros hijos.
Atención restringida y niños desatendidos
Una de las quejas más rotundas del informe atañe a la sanidad. La CODH denuncia que en Melilla cayó como una losa el recorte del Gobierno de abril del 2012, por el cual el sistema dejó de ser universal. Así, explicaron ayer los representantes de las entidades, los foráneos en situación irregular deben tener atención médica en caso de enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa. Según la comisión, esto no está sucediendo en Melilla, lo que supone otro grave incumplimiento. También pone como ejemplo el de un niño residente en Melilla al que se detectó una enfermedad grave. Los médicos indicaron a la madre que no le quedaba más remedio que llevárselo a Marruecos para que muriera allí.
La CODH presenció uno de los hechos que denuncia: que se solicite a los extranjeros en situación irregular que van a un centro médico que firmen un compromiso de pago antes de ser atendidos. De hecho, los representantes de las entidades acompañaron a uno con fractura abierta de una pierna a un hospital y se negaron a firmar nada por su derecho a ser atendido.
Los más vulnerables son las mujeres y niños
La vida de las mujeres en el CETI es especialmente complicada. "No solo se produce violencia explícita contra las mujeres, sino que esta además cuenta con el apoyo de la red familiar, sometiendo a la mujer que denuncia a un verdadero escarnio", reza el informe. En cuanto a los menores no acompañados, que no van al CETI sino a un centro de acogida, la Purísima, la CODH pide un cambio de enfoque: ahora, argumenta, se da prioridad al orden y la seguridad, en lugar de a la protección y la educación.
La comisión confirma casos en los que no se asume la tutela de menores no acompañados, lo que, indica el informe, supone "un abandono a la inexcusable responsabilidad de la Administración competente en materia de protección". La lucha de las entidades sociales ha acabado con un hecho inquietante: antes, a los menores se les daba una autorización de residencia que se extinguía cuando cumplían 18 años. Sin embargo, el informe denuncia que se niega la regularización retroactiva de los menores. Es decir, a muchos que perdieron la autorización por llegar a la mayoría de edad no les ha quedado más que vivir en situación irregular. Otro problema: la escolarización. Hoy en día, los menores reciben clases en el centro de acogida, en lugar de ir a un colegio a recibirlas, como sucedía antes, con lo que ello supone de normalidad.
El derecho de asilo no existe en la práctica
Uno de los aspectos que llama la atención es que el derecho de asilo no existe en la práctica. Los extranjeros que están en posición de reclamarlo saben que pedirlo allí supone quedarse durante meses en Melilla, y prefieren llegar a la Península, aunque sea con una orden de expulsión.Por esta situación se entiende que en Melilla prácticamente no hay solicitudes de asilo.
