La asociación Profesionales Por la Etica, que lidera en línea con el ala más conservadora de la Conferencia Episcopal Española (CEE) la objeción de conciencia contra la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, acusó ayer a las comunidades gobernadas por el PSOE y al País Vasco de preparar con esta asignatura una "formación moral e ideológica a la carta" y de excederse en contenidos sobre educación sexual. Un estudio sobre los decretos o borradores que desarrollan la materia llega a concluir que en Cataluña y Andalucía los estatutos son utilizados como "referentes máximos" por encima de la Constitución.

La denuncia se añade a las proclamas de los dos cardenales que abanderan el ala dura del episcopado español, Antonio María Rouco y Antonio Cañizares, que durante la última semana han vuelto a cargar contra la asignatura y a reclamar a las familias que hagan uso de la objección de conciencia, y exigan que sus hijos no la cursen.

Las comunidades con ejecutivos socialistas (Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Cataluña) impartirán la materia en tercero de ESO el próximo curso, mientras que las del PP han pospuesto su aplicación hasta el 2008-2009.

El análisis de la asociación ultracatólica subraya que el decreto de Euskadi pretende desarrollar un pensamiento crítico frente a instituciones como la familia y la escuela, y que todas las comunidades con gobierno del PSOE niegan el carácter natural de la diferenciación sexual. "En el caso de Andalucía se usa reiteradamente el término preferencias sexuales en lugar de sexo u orientación sexual", denunció el presidente de la organización, Jaime Urcelay.

TIJERETAZO DEL PP La asociación apunta en su estudio que las CCAA gobernadas por el PP (Canarias, Islas Baleares, Castilla y León, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia) han reducido al máximo los contenidos de carácter ideológico, de formación de la conciencia moral y de desarrollo afectivo-emocional. También ha eliminado los conceptos relativos a ideología de género.

El MEC fija el contenido de entre el 55% y el 60% del currículo y el resto lo pueden completar las comunidades autónomas, tanto en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como en Educación Etico Cívica que se impartirá en 4.º de ESO. Las autonomías gobernadas por el PP se han inclinado por dar Educación para la Ciudadanía en 2.º para retrasar su aplicación al curso 2008-2009 o ganar tiempo y esperar a una eventual victoria electoral del PP, que ha prometido eliminarla.