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suceso en 2014

Un tribunal ordena investigar de nuevo la muerte de 15 inmigrantes en el 'caso Tarajal'

Satisfacción entre las oenegés ante la reapertura de la investigación de los antidisturbios en la tragedia de Ceuta

 

Rescate del cuerpo de una de las personas ahogadas en el Tarajal. - ARCHIVO / EFE

JULIA CAMACHO
13/01/2017

Las oenegés han celebrado el auto de la Audiencia provincial de Cádiz que ordena la reapertura de la investigación sobre la muerte de 15 inmigrantes en febrero de 2014 en la frontera de Ceuta tras una polémica intervención de agentes antidisturbios de la Guardia Civil, que intentó repeler la entrada de inmigrantes a nado doblando un espigón disparando bolas de goma. El auto carga contra la instrucción realizada, que “no alcanza los grados de suficiencia y eficacia exigibles” y critica que “nada excusa la dejadez o tibieza”. “La instructora podrá replantearse en cualquier caso la necesidad de agotar otras fuentes de indagación no contempladas hasta ahora”, concluye.

En el fallo, la Audiencia acepta íntegramente los recursos presentados contra el sobreseimiento provisional de la causa que realizaron laAsociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC). Hasta ese momento, la instrucción investigaba los posibles delitos de homicidio, lesiones imprudentes y prevaricación y manteníaimputados a los 16 agentes que participaron en la operación.

 
En octubre de 2015, el juzgado de Primera Instancia número 6 decidió archivar la causa al entender que no quedaba probado el uso indebido del material antidisturbios de los que se sirvieron para repelar el intento masivo de entrada en España, “ni siquiera a título de imprudencia”. Y recordaba la inexistencia de un protocolo específico para el uso de este material en el medio acuático. “La mera utilización de dicho material no puede ser calificada como imprudente”, decía el auto de sobreseimiento, que destacó además que en cualquier caso “no toda imprudencia debe ser incardinada en el ámbito penal”.

"SIN EXCUSAS PARA LA TIBIEZA"


Ahora, la audiencia señala que “si nada excusa la tibieza o dejadez para investigar cualquier hecho que pudiera ser objeto de un procedimiento por delito no leve, mucho menos lo haría cuando la vida, la integridad física o la dignidad en general de las personas se haya podido ver conculcada por la actuación de personas que obran por cuenta del Estado y pueden hacer un uso de la fuerza”, empleando para ello “medios específicamente destinados a tal fin que son especialmente peligrosos”.

En ese sentido, el auto aplica el concepto de “investigación eficaz”, fijado por el Tribunal Constitucional, por el que en este tipo de casos se le impone al Estado “un deber de especial suficiencia y eficacia en la investigación criminal, tratando de compensar con firmeza la desigualdad de armas que pudiera existir”. “Ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande como el que nos ocupa, no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias necesarias para la comprobación de esto último y así lograr llevar a cabo la investigación suficiente y eficaz que era requerida”, señala.

ARCHIVO "PRECIPITADO"


La Audiencia se muestra además muy dura con la instrucción realizada y el “precipitado” sobreseimiento de las actuaciones por las "devoluciones en caliente" de varias decenas de migrantes a territorio marroquí, “a pesar de que sufrían algunos menoscabos físicos, prescindiéndose de prestarles asistencia médica”. Unos hechos, dice, que “contravendría abiertamente el protocolo de actuación al que, según se razonó en el propio auto apelado, se dio cumplimiento con la actuación de la Guardia Civil en este punto”. El auto reprocha además que no se cuente “incluso” con una identificación fiable de los testigos no constituye obstáculo alguno. “Lo importante”, sostiene, “es intentarlos oír y realizar los esfuerzos que sean posibles para lograrlo, se consiga o no finalmente”.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) entienden el auto como una “victoria judicial” y confían en que las nuevas diligencias “que puedan producirse” desemboquen en la reapertura de un nuevo juicio oral “donde se haga justicia a la muerte de 15 personas que buscaban una oportunidad en nuestro país”, según ha explicado Estrella Galán, secretaria general de la organización. “Desde CEAR tenemos la esperanza de que si el gobierno no rectifica estas prácticas serán los tribunales quienes dicten sentencia y hagan justicia. Esa es la garantía de contar con un estado de derecho”, ha dicho.