Mientras el Juzgado de Trujillo continúa adelante con la investigación y los imputados niegan los cargos, la crisis económica del Ayuntamiento de Plasenzuela continúa agravándose. En estos momentos, el consistorio no tiene dinero ni siquiera para pagar a sus 12 empleados municipales, que llevan ya dos meses sin cobrar.

Plasenzuela arrastra una deuda de 5 millones de euros. 2,3 millones corresponden a impagos a la Seguridad Social durante las últimas dos décadas, debe cerca de 2 millones a proveedores y tiene 760.000 euros pendientes de devolver a los bancos por antiguos créditos y préstamos. A esto se suman casi 40.000 euros que adeuda a los cinco empleados fijos y siete eventuales que posee el ayuntamiento. Ninguno de ellos ha cobrado las nóminas de diciembre y enero, explica el alcalde, el socialista Adrián González. Tampoco él ha percibido su asignación como edil --ganadero de profesión, es el único concejal liberado del equipo de Gobierno--. "Pero eso es lo de menos. Lo que importa ahora es lograr liquidez para pagar a nuestros trabajadores, que no tienen ninguna culpa de lo que ha pasado aquí", apunta.

De momento los 12 empleados siguen acudiendo a sus puestos de trabajo. Eso sí, ya han anunciado las primeras medidas de presión. Tienen previsto realizar, la próxima semana, paros y protestas en el municipio para denunciar su situación y reclamar la ayuda y el compromiso del resto de administraciones. Según este grupo de trabajadores, tanto la propia Seguridad Social como la Junta y la Diputación Provincial de Cáceres tienen parte de responsabilidad en el agujero económico originado y que está hundiendo al ayuntamiento.

NEGOCIACIONES Por su parte, el equipo de Gobierno sigue buscando soluciones, aunque --como publicó este diario el pasado 14 de enero-- están decididos a dimitir en bloque y dejar el consistorio en manos de una comisión gestora. "Estamos pendientes de que la próxima semana los bancos nos den una respuesta sobre las conversaciones que hemos mantenido para renegociar la devolución de los préstamos. Si no logramos unas condiciones favorables, lo dejamos inminentemente, porque esto es inviable", explica el alcalde, que reconoce que están recibiendo el asesoramiento del PSOE provincial.

En estos momentos, el consistorio está abonando cerca de 10.000 euros mensuales para sufragar el pago de créditos. Además, la Seguridad Social se queda con los 9.000 euros mensuales que ingresan procedentes del fondo estatal para entidades locales y también con la mitad de los 18.000 euros al mes que perciben de una empresa privada que tiene adjudicada la gestión de la residencia municipal de mayores. El dinero restante apenas da para ir pagando las deudas con proveedores según llegan los requerimientos judiciales.

"También hemos estado hablando con la Seguridad Social. Pero ahí no hay nada que hacer. El único balón de oxígeno nos lo pueden dar los bancos", asegura el edil.