Cuatro de cada diez estudiantes de la Uex que eligen alojarse durante el curso en residencias lo hacen en establecimientos que no cumplen con la ley, según las estimaciones de la Asociación Extremeña de Residencias, que ha elaborado un informe con el fin de denunciar ante Hacienda una situación ilegal que, aseguran, cada vez se da con mayor frecuencia en la región.
El colectivo sostiene que sólo en las ciudades de Cáceres y Badajoz existen más de 70 alojamientos ilegales, es decir, viviendas que se alquilan por habitaciones y en cuyo precio se incluyen servicios como la comida y que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Según los datos de la asociación, el número de plazas no regladas supera "con creces" las 600, "aunque es muy difícil conocer con exactitud la cifra total, ya que sólo nos ceñimos a los anuncios que existen en la calle", indica la presidenta del colectivo de residencias, Petra Rodríguez.
Estos anuncios han servido para que la asociación elabore un listado de establecimientos ilegales que ya ha sido entregado en forma de denuncia a Hacienda en Badajoz y que en breves fechas se entregará en las ciudades de Cáceres, Mérida y Plasencia, a fin de que se tomen medidas.
VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
"El problema es grande. Hay casos en Badajoz en los que se están alquilando a estudiantes viviendas de protección oficial con derecho a cocina y esto es muy grave", indica Rodríguez, que asegura que los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz han iniciado una campaña para la retirada de los anuncios de establecimientos ilegales que están en la calle.
Toda esta situación, advierte la vicepresidenta de la asociación, Toñi Amado, ha provocado una "importante crisis en el sector", ya que las pérdidas económicas "están siendo muy elevadas". En los últimos cinco años se han cerrado siete residencias universitarias, cuatro de ellas en Cáceres y tres en Badajoz.
"No cubrimos las plazas y se están perdiendo puestos de trabajo", asegura Amado, que incide en que en los tres últimos años los precios de los establecimientos legales no se han incrementado.
