El gobierno regional está teniendo un arranque frenético. Su autodenominada 'agenda del cambio' supone la guía de medidas que tiene que aplicar, en su mayoría en sus primeros seis meses, lo que va a suponer que en enero la oposición lo someta a una especie de reválida donde se le pueda examinar de aquello que ha cumplido o, por el contrario, se ha dejado en el tintero.

Guillermo Fernández Vara firmó ante notario en enero del 2015 una serie de medidas de obligado cumplimiento caso de ganar las elecciones y volver a ser presidente. Las mismas llevaban implícito un compromiso tácito de que, si no las llevaba a efecto, dimitiría de su cargo. Todas ellas, además, fueron incorporadas después a su discurso de investidura con el que obtuvo la mayoría de la Cámara gracias a sus 30 diputados y los 6 escaños de Podemos que le dieron su apoyo. Sin embargo, esta agenda del cambio se ha convertido en una especie de cuesta arriba contra reloj, la cual debe completarse antes de que finalice el año en su mayor parte.

En este sentido, ya hay actuaciones que se han realizado como la recuperación del diálogo social y la actualización del pacto social y político de reformas, la constitución de un gobierno con sólo 5 consejeros, la reposición del transporte escolar o la apertura de los Puntos de Atención Continuada. Sin embargo, quedan muchas otras como la clausura del Consejo Consultivo, fijar un calendario de oposiciones duradero para toda la legislatura o elevar al Parlamento una reforma del Estatuto de los Altos Cargos, de manera que una misma persona no pueda ostentar más de un puesto de representación pública a la vez, en suma fijar por ley la máxima del PSOE de "una persona, un cargo".

Ya se sabe que cuestiones como reducir las listas de espera del SES va a ser complicado de ejecutar en los 2 meses y medio que restan para acabar el año, pero puede contrarrestarlo alegando que el Gobierno va a crear en el Parlamento una comisión permanente que vele por la publicación de estas listas bajo criterios de veracidad después de destapar, a través de una auditoría interna, hasta 100.000 pacientes 'ocultos' para el sistema.

Otra cláusula de su contrato que ya se sabe de imposible ejecución es la eliminación del canon del agua, cuyo ingreso resulta de momento necesario para cuadrar las cuentas de Montoro o lo que es lo mismo "aplicar un nuevo modelo fiscal" que es lo que se incluía en la famosa agenda del cambio. Tampoco se va a poder llevar a efecto la devolución de las competencias en materia de salud pública al Gobierno de España o la reforma del Estatuto de Autonomía a fin de eliminar del aforamiento de los diputados o reducir al 1 por ciento del censo extremeño el número de firmas necesarias para registrar una iniciativa legislativa popular (ILP). La falta de tiempo, o de interés por parte de otros grupos cuyos votos son necesarios, lo hacen inviable.

Quedan cuestiones como el blindaje del 0,5% del PIB para la renta básica o la ley de mínimos vitales que deberán realizarse en estos dos meses y medio que restan de año, como otras tales como un plan de impulso económico a la región o un plan de mejora a la financiación empresarial.

El tiempo corre en contra del Gobierno y la oposición tiene el cronómetro en la mano.